Por Carlos Brown, para Diario La Nación

Pero de esta supervivencia no ha salido ileso. En efecto, tras años de alta inflación y pérdida de competitividad; de progresivo incremento de la carga tributaria; de arbitrariedad gubernamental para intervenir las cadenas de comercialización interna y externa; de progresiva sojización y concentración de la producción, con su consecuente destrucción de empresas familiares y vaciamiento de pueblos del interior, la principal actividad económica de la Argentina ha sufrido consecuencias irreparables.

Asimismo, como venimos advirtiendo, la ineficiencia en materia de infraestructura hídrica perjudica seriamente a la producción agroindustrial, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde como consecuencia de obras inconclusas y desfinanciadas son afectadas millones de hectáreas con pérdidas económicas incalculables.

No obstante, en estos últimos días, por simple resolución ministerial, el gobierno nacional dispuso la creación en el ámbito de la Secretaria de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas un programa llamado “de estímulo” para pequeños productores de granos de hasta 700 toneladas, afectando a tal fin recursos del Tesoro nacional por hasta 2500 millones de pesos, monto equivalente al 4% de la recaudación por retenciones a la producción granaria registrada durante 2014.

Ahora bien, ¿cuál sería la relevancia de este estímulo, o mejor dicho, de esta “compensación” al pequeño productor?

A la luz de los cálculos que van aportando diversos especialistas y entidades gremiales, el efecto resultará ciertamente módico: en términos promedio, considerando el pago ponderado según los distintos cultivos y escalas productivas bajo el esquema que se ha definido, el Gobierno devolvería al pequeño productor –en tanto cumplimente ciertas formalidades– alrededor de un 20% de lo que –con seguridad– le sacará por cada tonelada en concepto de retenciones. Y ello si tenemos en cuenta tan sólo las retenciones, pero sin desconocer que la producción agrícola afronta una carga fiscal sin precedentes: de acuerdo con los últimos datos publicados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de cada 100 pesos de renta generados, el productor resigna 88,60 pesos en manos del Estado a través de impuestos o por efecto de sus políticas.

El beneficio anunciado resultaría una “propina” claramente insuficiente para mitigar la magnitud de los problemas acumulados durante casi una década.

Lejos de conformarse con “propinas” y anuncios de tinte preelectoral, lo que necesita la agroindustria es una urgente redefinición estratégica a través de políticas de Estado que beneficien a productores y trabajadores de todo el país. Algunas cuestiones que se deben contemplar son la revisión integral de la política de retenciones, fijando nuevos parámetros según rentabilidad de cada producción y segmentando el tributo por cultivos, escalas y/o regiones en un marco de solvencia fiscal; la normalización de la comercialización interna y externa; el mejoramiento del acceso al crédito; la inversión y concreción de obras de infraestructura (caminos, vías férreas, puertos, obras hídricas), entre otras cuestiones igualmente insoslayables.

Para recuperar esta importante actividad económica, debemos reinvertir una gran parte de los cuantiosos recursos fiscales que el campo aporta, sobre la base de una planificación estratégica integral y de profundo carácter federal, con la necesaria articulación de todas las jurisdicciones, y no digitada desde un distante poder central.

Una conversación franca, llana, para “desterrar definitivamente prejuicios”, como la que propusiera la Presidenta por cadena nacional al momento de presentar su programa de “estímulo” para el pequeño productor, sin lugar a dudas ayudaría. Difícil creerle.