Trabajadores de aplicaciones de transporte rechazaron distintos puntos de la iniciativa impulsada por el gobernador, Axel Kicillof, y advirtieron por el aumento de costos, la ausencia de aportes jubilatorios y la falta de controles sobre las empresas.
A pocos días de que comience el tratamiento en comisiones de la Legislatura bonaerense del proyecto impulsado por Axel Kicillof para regular las plataformas digitales, trabajadores de Uber, Didi y Cabify expresaron sus rechazo frente a la iniciativa.
El texto enviado por el gobernador propone la creación del Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, además de un sistema de registro, información y fiscalización destinado a las empresas que organizan o intermedian tareas mediante aplicaciones.
La normativa busca establecer que las compañías deberán afrontar un seguro de accidentes personales que incluya cobertura por muerte accidental, invalidez y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. A su vez, contempla el desarrollo de una aplicación provincial para facilitar el acceso de los trabajadores a servicios de seguridad y emergencias.
Entre los principales cuestionamientos aparecen el posible incremento de los costos para los conductores, la falta de controles sobre las compañías y la ausencia de aportes jubilatorios contemplados para quienes desarrollan la actividad.
La discusión también alcanzó al rol que debería asumir el Estado bonaerense frente al funcionamiento de las aplicaciones. Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil de Conductores Unidos de Mar del Plata, manifestó una postura “contrapuesta” al proyecto que ingresó a la Legislatura. Si bien reconoció que considera necesaria la participación estatal en cuestiones vinculadas con la seguridad, sostuvo que el trabajo mediante aplicaciones de transporte debe mantener su condición independiente y no perder las características que actualmente tiene la actividad.
Mientras el proyecto de Kicillof apunta a formalizar mecanismos de registro, fiscalización y cobertura para los trabajadores, desde el sector advierten que la normativa podría traducirse en mayores costos sin resolver reclamos vinculados con la seguridad, la previsión social y la relación con las empresas.
