El gobernador Axel Kicillof participó de la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda que la Provincia de Buenos Aires impulsó contra la ANSES por una deuda superior a $2,3 billones. Lo acompañaron el ministro de Economía, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia fijó el 10 de junio como fecha límite para que el Gobierno nacional presente una propuesta concreta de pago, en respuesta al reclamo por los fondos previsionales. El conflicto se originó en la interrupción de las transferencias obligatorias hacia las cajas jubilatorias que permanecieron bajo administración provincial.

Tras la audiencia, Kicillof detalló el planteo ante el tribunal. “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”.

El mandatario también amplió el alcance de los reclamos judiciales. “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, sostuvo. Luego agregó: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

El conflicto incluyó otros frentes además del previsional. La Provincia avanzó con demandas por recortes en seguridad, transporte, salarios docentes y políticas ambientales. También cuestionó la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, las restricciones para aplicar tributos locales y el incumplimiento de acuerdos fiscales firmados en años anteriores.

De la audiencia participaron también el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti. La resolución del caso quedó supeditada a la propuesta que el Gobierno nacional deberá presentar en junio.