El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, dispuso un recorte superior a los $860 millones en el programa de asistencia alimentaria escolar, una decisión que encendió alarmas en el sistema educativo porteño en un contexto de crisis económica.

La medida fue oficializada a través de la resolución 50/SSH/26 del Ministerio de Hacienda, que habilita la “modificación de créditos” presupuestarios. Entre los rubros afectados se encuentra el Programa 51 de Asistencia Alimentaria y Acción Social, encargado de garantizar las viandas en las escuelas públicas.

Denuncia de la Auditoría

La reducción fue señalada por la titular de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gagliardi, quien advirtió que el ajuste “impacta de lleno en un sistema clave para miles de estudiantes”.

Según expresó, no se trata de un hecho aislado, sino de una política sostenida:

“Desfinanciar no puede ser la respuesta. La alimentación escolar es esencial, no una variable de ajuste”.

Desde el organismo ya venían alertando sobre problemas estructurales en el sistema alimentario escolar, tanto en cobertura como en calidad.

Un recorte en un contexto más amplio

El ajuste en las viandas se suma a otras medidas recientes en el área educativa, como el cierre de jardines maternales, despidos de docentes de alfabetización, la eliminación de orquestas juveniles y recortes en programas sociales vinculados a la niñez.

Estas decisiones forman parte del esquema de reducción del gasto público acordado en el marco de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), que viene impulsando cambios en distintas áreas del Estado porteño.

Antecedentes y cambios en el sistema

El conflicto por la alimentación escolar en la Ciudad no es nuevo. Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se modificaron los mecanismos de acceso a las becas alimentarias, lo que implicó mayores requisitos burocráticos para las familias.

El proceso pasó de gestionarse directamente en las escuelas a requerir trámites en sedes administrativas, y posteriormente a la presentación de documentación privada como recibos de sueldo y declaraciones juradas.

En paralelo, el sistema de comedores escolares quedó en manos de empresas privadas concesionarias, lo que también generó cuestionamientos por la calidad de las viandas.

Impacto social

El recorte actual implica una reducción nominal de recursos en un contexto inflacionario, lo que podría profundizar las dificultades de acceso a una alimentación adecuada para miles de chicos y chicas que dependen del sistema escolar.