El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, evaluó presentar una denuncia ante la Corte Suprema por el incumplimiento del fallo que ordenó restituir parte de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. La decisión apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien el Ejecutivo local responsabilizó por la falta de transferencias regulares.

Según los cálculos oficiales, la Nación acumuló una deuda de $430 mil millones desde agosto de 2025, cuando comenzaron los retrasos en los envíos. En el entorno de Macri afirmaron que el monto superó cualquier margen de demora administrativa. “Semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte”, sostuvieron en la administración porteña.

El fallo del máximo tribunal estableció que el Estado nacional debía transferir de forma diaria y automática el 1,55% de la masa coparticipable a la Ciudad. Ese esquema garantizó previsibilidad en los recursos. Sin embargo, ante el ajuste fiscal, Caputo resolvió reemplazar el sistema por envíos semanales y discrecionales.

Durante los primeros meses, el Ministerio de Economía respetó ese compromiso. Con el paso del tiempo, los giros perdieron regularidad. El escenario se agravó tras las elecciones porteñas de mayo. Entre agosto de 2025 y enero de 2026, la deuda alcanzó su punto máximo.

Semanas atrás, Jorge Macri mantuvo una reunión con Caputo y reclamó una deuda cercana a los $350 mil millones. El encuentro no dejó avances concretos. La discusión se desarrolló en paralelo al conflicto de fondo por el porcentaje de coparticipación que la Nación redujo durante el gobierno de Alberto Fernández y que la Corte aún no resolvió.

Mientras ese expediente siguió abierto, el tribunal concedió una cautelar con un coeficiente menor al que reclama la Ciudad. Ese fallo interino también quedó bajo cuestionamiento por el incumplimiento en los pagos, según la mirada porteña.

Además, permaneció pendiente la definición sobre la deuda retroactiva, que el Ejecutivo local estimó en unos USD 6.000 millones. La Ciudad propuso alternativas para saldarla, como la transferencia de terrenos en Liniers y Caballito, pero no registró respuestas favorables.

Ante ese panorama, en Uspallata analizaron llevar el reclamo nuevamente a la Corte. La reacción del tribunal generó dudas. Desde el ámbito judicial advirtieron que el máximo órgano evitó quedar atrapado en disputas políticas. “A la Corte no le gusta que la política lo quiera utilizar como mecanismo de negociación con el Estado”, señalaron fuentes del sector.

Las mismas fuentes recordaron que el conflicto no se limitó a la Ciudad. “Hay 19 provincias que tienen reclamos por la coparticipación, esto recién arranca. Son cuestiones que tiene que discutir la política”, agregaron.

El antecedente inmediato tampoco resultó alentador. Cuando la Nación reemplazó el sistema de transferencias diarias por pagos semanales, la Ciudad pidió que la Justicia exigiera el cumplimiento estricto del fallo original. La Corte dio por cerrada su intervención tras la promesa oficial y evitó una nueva confrontación con el gobierno de Javier Milei.