El jefe de la Comuna de Vicente López, Jorge Macri, y Gustavo Posse, intendente de San Isidro, presentaron un amparo judicial para que las clases sigan siendo presenciales en su distrito. Mientras tanto, la Comisión Gremial de Salud de los trabajadores Municipales de Vicente López, dieron a conocer  la preocupante noticia que el Hospital Municipal Bernardo Houssay de esa localidad ya no tiene camas disponibles.

La segunda ola de contagios por Covid 19 está poniendo en jaque a todo el sistema sanitario, con una aceleración exponencial del número de casos en las últimas dos semanas que ya orillan los 30.000 casos por día.

El AMBA es la región del país más afectada por la pandemia y la proyección estimada por expertos epidemiólogos e infectólogos vaticinan que, en pocas semanas, podríamos alcanzar los 50.000 casos diarios.

En este cuadro de colapso del sistema sanitario, Jorge Macri, intendente Vicente López, expresó en TN y otros medios periodísticos que el municipio “todavía” contaban con tres camas libres de Terapia Intensiva (el 10% de las camas del Municipio según sus propias palabras) y que su distrito estaba muy lejos del colapso sanitario. Aseveración por lo menos arriesgada, por no decir abiertamente temeraria, ante el actual cuadro sanitario, en un municipio con casi 300.000 habitantes y que ya cuenta con casi 600 muertos desde el inicio de la pandemia. El mismo intendente reconoció que había más casos de Covid-19 en Vicente López en los últimos días, 220 en el día previo a sus dichos, pero destacó que hay «más altas y gente que se curó”.

El jefe de la Comuna se pasea por cuanto medio periodístico se lo permita, levantando las banderas de la presencialidad en las escuelas, en línea con su primo el expresidente de la Nación.

Llama la atención las expresiones desatinadas y negacionistas de los funcionarios de Juntos por el Cambio, obviando toda evidencia científica del impacto que la concurrencia a clases provoca en el crecimiento del número de contagios. Se llenan la boca hablando de educación como si les importara, cuando durante sus diferentes gestiones actuaron ejecutando políticas de ajuste, disminuyendo el presupuesto educativo y militando activamente por la educación privada en claro desmedro de la educación pública.

No se nos escapa la veta profundamente demagógica de todo este discurso, en un año electoral y ante una población cansada de la pandemia, con crecientes dificultades económicas -en un país donde la inflación no deja de crecer y crecer- y viendo día a día, cómo se toman medidas escasas, contradictorias y muy probablemente ineficaces, por lo limitadas y tardías, establecidas tanto desde el gobierno nacional, la gobernación de la provincia Buenos Aires y CABA.

Macri, por otro lado, utiliza el impacto y la preocupación que el tema de la presencialidad en las clases provoca en la opinión pública, para visibilizarse como opción política para el 2023, aspirando a  la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y para diferenciarse y destacarse de sus propios colegas del mismo espacio político, sus posibles rivales en esta próxima contienda.

Por todo lo dicho, debemos continuar la lucha por la suspensión temporal de las clases presenciales en el distrito, como en todo el país, garantizando los elementos necesarios para la conectividad de todos los estudiantes. Contrariamente a todo lo manifestado por estos funcionarios, la mayoría de los trabajos científicos hasta la fecha aconseja, en base a los datos de contagios y extensión de la pandemia, interrumpir la presencialidad de las clases, en momentos en que el número de casos crece y las terapias intensivas y camas hospitalarias en general comienzan a agotarse.

Ante esta situación, el Partido Obrero y el FIT-U planteamos “diez puntos para frenar la pandemia”, que parten de una centralización del sistema de salud, ampliación de número de camas de UTI, plan de vacunación bajo control de los trabajadores, eliminando las patentes, para la fabricación masiva de vacunas para toda la región. Financiamiento del plan de salud mediante el No pago de la deuda usuraria con el FMI e impuesto progresivo a las grandes fortunas.