La Cámara Federal porteña confirmó un fallo que había declarado que los crímenes cometidos por la Triple A antes del golpe de Estado de 1976 son de lesa humanidad y que, por lo tanto, deben seguir siendo investigados pese al tiempo que ha transcurrido.

La decisión de la Sala I del tribunal ratificó una resolución del juez federal Norberto Oyarbide de diciembre de 2006, en una causa contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, cuya extradición se solicitó a España el año pasado, y contra dos miembros de la organización armada que comandaba José López Rega, el ministro de Bienestar Social durante el gobierno de la viuda de Perón.

Todos ellos están acusados por 11 delitos cometidos por la Triple A entre el 31 de julio y el 13 de octubre de 1974: el asesinato de ocho personas –entre ellas, el diputado Rodolfo Ortega Peña, el profesor Silvio Frondizi y el subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler– y la desaparición de otras tres.

La resolución de la Cámara Federal, tomada por mayoría, se conoció un día antes de la llegada al país de uno de los acusados en la causa, Rodolfo Almirón, que fue extraditado desde España. Y fue motivada por un recurso presentado por la defensa de otro de los imputados, Miguel Angel Rovira, detenido en la Argentina.

Para calificar a los crímenes de la Triple A de lesa humanidad, los jueces Eduardo Freiler y Horacio Cattani, a los que se opuso Eduardo Farah, plantearon dos argumentos tendientes a equiparar los hechos investigados con el terrorismo de Estado.

Esto responde a que en 2005 la Corte Suprema limitó a esos delitos la condición de imprescriptibilidad. Sobre la base de ese antecedente, la misma sala de la Cámara Federal rechazó en diciembre pasado proseguir una causa contra dirigentes Montoneros acusados de un atentado cometido en julio de 1976 contra la sede de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal.

El primer argumento del fallo ayer es que si bien no fueron cometidos por el Estado -como sí ocurrió tras el golpe de 1976- fueron ejecutados por una organización enquistada en el Estado, dirigida por un ministro del Poder Ejecutivo, integrada por funcionarios y financiada con recursos públicos.

"López Rega -sostuvo Cattani- montó una organización delictiva valiéndose de la estructura del Ministerio de Bienestar Social e involucró en ella a funcionarios públicos de distintas áreas y desvió fondos del Estado nacional para solventar su logística, su aparato de prensa y hasta sus requerimientos en materia de armas".

OTRO ARGUMENTO

El segundo argumento del fallo es que, ante la debilidad del gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón, el poder de la Triple A era tan grande que tenía la capacidad de neutralizar al Estado y que, por lo tanto, sus actos son equiparables al terrorismo ejercido por la dictadura militar.

"La ausencia de recursos internos para prevenir y reprimir el ataque, como consecuencia de un Estado neutralizado, justifica el involucramiento de la comunidad internacional en auxilio de la población afectada por quien estaba llamado a protegerla", sostuvo Freiler.

En ese punto es en el que discrepó Farah, para quien la Triple A fue una banda criminal organizada paralelamente a la estructura estatal, pero no equiparable al Estado. "La perversa política de la organización no era la del Estado, que aún ejercía su dominio", justificó.

El camarista sostuvo que el gobierno de la viuda de Perón intentó combatir las acciones de la banda que dirigía López Rega y las de los grupos guerrilleros. "Paralelamente al fenómeno terrorista de izquierda comenzó a desarrollarse otra actividad terrorista llevada a cabo por la Triple A. El gobierno de derecho dio una respuesta institucional a tales sucesos, pese a lo cual, las juntas militares que usurparon el poder crearon un sistema paralelo y clandestino de represión", afirmó.

CIERRE Y REAPERTURA

En la causa que instruye Oyarbide, a la Triple A se le adjudican los asesinatos de Ortega Peña, Frondizi, Troxler, el abogado sindical Alfredo Curutchet, el ingeniero Luis Mendiburu, los periodistas Carlos Laham y Pedro Barraza, y el ex rector de la Universidad de Buenos Aires Raúl Laguzzi. Y los secuestros y desapariciones de los refugiados uruguayos Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif.

La denuncia en la causa la hizo Miguel Radrizzani Goñi, un abogado de larga militancia en la defensa de los derechos humanos. El letrado reaccionó ante una nota del diario La Opinión, del 6 de julio de 1974, que daba cuenta de un informe sobre la Triple A que Jorge Rafael Videla, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, le había presentado a la presidenta.

La causa estaba archivada y sólo fue reabierta en 2006 por pedido del fiscal Eduardo Taiano. Enseguida, Oyarbide dictó la prisión preventiva del ex custodia de López Rega, Ramón Morales, que murió el año pasado, y de Rovira, y pidió la extradición de Almirón y de la viuda de Perón. Sobre la ex presidenta también pesa un pedido de extradición dictado por el juez federal de San Rafael, Mendoza, Raúl Acosta.

La causa llegó a la Cámara Federal por un planteo de la defensa de Rovira, que se opuso a la prisión preventiva dictada por Oyarbide. Los camaristas Freiler y Cattani confirmaron que el acusado era parte de una asociación delictiva, pero coincidieron en que no había pruebas sobre su participación en los hechos investigados. En consecuencia, instaron al magistrado a profundizar la investigación.