«Mi hermano llamó al 911 para pedir ayuda y terminó muerto. Lo asesinaron entre cuatro o cinco”, denunció en declaraciones públicas
A más de dos semanas de la muerte de Octavio Buccafusco, de 34 años, en un confuso episodio con agentes de la Policía municipal de Vicente López, su hermano Augusto rompió el silencio y apuntó directamente contra los efectivos involucrados. “Mi hermano llamó al 911 para pedir ayuda y terminó muerto. Lo asesinaron entre cuatro o cinco”, denunció en declaraciones públicas, en las que exigió condena social y judicial para los responsables.
El hecho ocurrió el 3 de septiembre en la esquina de Güemes y Maipú, donde Octavio habría buscado asistencia tras un presunto ataque de pánico. Según el relato de su hermano, el joven se negó a identificarse ante los agentes municipales que lo interceptaron, al considerar que no eran policías. “Claramente no están capacitados para abordar este tipo de situaciones”, sostuvo Augusto, quien además aseguró que su hermano fue retenido por varios efectivos y sometido a una maniobra violenta que incluyó rodillas en la espalda durante más de quince minutos.
No obstante hubo una denuncia en el lugar y que luego de un accionar «sospechoso» de Octavio, la policía municipal procedió a detenerlo. La autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora, dependiente de la Procuración bonaerense, determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco “que no guardaría relación con el accionar policial”.
El informe médico también señaló escoriaciones en rodillas, rostro y brazos, compatibles con un forcejeo, pero descartó signos de asfixia, golpes internos o rotura pulmonar. Aún se esperan los resultados de los estudios histopatológicos y toxicológicos para determinar si hubo consumo de sustancias.
Augusto Buccafusco, sin embargo, rechaza la versión oficial. “Me mintieron descaradamente en la comisaría. No me contaron nada de la represión. Toda la versión policial es mentira y se están encubriendo entre ellos”, afirmó. Además, anticipó que iniciará acciones legales y que revelará los nombres de los involucrados.
La causa está en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo responsabilidad penal en el accionar de los agentes. Mientras tanto, la familia exige respuestas y advierte que no permitirá que el caso quede impune.
