El Comité de Derechos Humanos de la ONU revisará un informe sobre la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Este documento plantea que en el distrito hay más de 30 mil detenidos, que el 76% está procesado sin sentencia, que en las comisarías hay 4.700 presos y que subió el número de muertes "evitables" dentro de las celdas y pabellones. El Gobierno pidió hacer un descargo porque, dice, esta radiografía no es del todo cierta.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria y contiene críticas a la política penitenciaria y de seguridad. "Se ha generalizado el uso de la prisión preventiva como pena anticipada", explicaron los denunciantes. También advierten que, en los últimos años, "se ha delegado el control político y se retomó al concepto de autogobierno" en la Policía Bonaerense.

El sistema carcelario provincial -con 52 presidios, 12 institutos de menores y 310 comisarías- concentra el 50% de los detenidos del país. La presentación incluye reclamos realizados en los últimos 10 años al Poder Ejecutivo. "Este panorama se agravará si se aprueba el proyecto del gobierno para endurecer el régimen de excarcelaciones y la creación de un Código Contravencional arcaico, basado en un mayor poder para la Policía", aseguró el ex diputado Alejandro Mosquera, integrante de la Comisión.

El diagnóstico incluye otras presuntas irregularidades: aumento del número de muertes (10% más que el año anterior), 7.000 casos de violencia interna y 123 episodios de represión como "herramienta para resolver hechos conflictivos dentro de las cárceles".

Las autoridades provinciales quieren dar su visión del tema ante el Comité de la ONU que sesionará mañana. En el Ministerio de Justicia provincial aseguran que los alojados en seccionales policiales son 3.500 y que hubo una reducción en el último año. Las estadísticas oficiales registran 32 muertes "prevenibles" en prisiones provinciales, 25% menos que en 2007. "En 2009 se habilitaron 7.792 nuevas plazas y se incrementó en 3.500 el número de presos. O sea, hubo una mejora en la capacidad de alojamiento en el sistema", aclaró el ministro Ricardo Casal.