El objetivo principal es sumar a la lista de restricciones a las personas con condenas firmes en delitos de corrupción formar parte de cualquier tipo de elección.

El texto del dictamen de mayoría, que es el del PRO, establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. La confirmación de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.

Quedarían incluidos los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Este último punto es el que buscarán discutir y modificar los diputados de los otros bloques que acompañan al PRO y a LLA, ya que entienden que son delitos que también deberían dejar fuera de juego a los posibles candidatos.

El kirchnerismo también llevará su propio dictamen al recinto que, como es el de minoría, tendría chances si la mayoría no consigue los votos necesarios. En este caso, el bloque de Unión por la Patria plantea que las condenas quedan firmes únicamente cuando la última instancia se expide, es decir, la Corte Suprema. Además, suma a la lista diferentes delitos económicos.

La pregunta es qué sucederá en esta ocasión ya que Encuentro Federal y Democracia para Siempre hizo saber que si los otros bloques de la oposición no acompañan su pedido de sesión, es probable que devuelvan la gentileza con la misma moneda el próximo jueves.

“El problema es que lo que se quiere aprobar no es bueno pero tiene muy buena prensa. Y la presión sobre eso es difícil”, explica un legislador de la oposición.

La realidad es que no hay mucho entusiasmo con el proyecto del PRO. Ni siquiera de los libertarios. “Si sale como está, va camino al fracaso”, explican desde diferentes bloques de la oposición. “Esto es algo que solo le interesa al PRO. El resto mira en sus provincias y se da cuenta que podría quedar atrapado en un debate judicial armado por los gobernadores, de cualquier color, que los dejaría fuera de la cancha”, explica una alta fuente del mundo libertario. El propio Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso en duda el apoyo libertario esgrimiendo que de aprobarse parecería una persecución a Cristina Kirchner.

A principios de mes, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de la expresidenta en la causa vialidad y de aprobarse la ley no podría ser candidata.

Otro punto crucial en la agenda es la modificación del Código Penal, el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal en lo que respecta a reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. Estas modificaciones buscan ajustar el sistema penal para abordar de manera más efectiva la reincidencia y la acumulación de delitos.

Además, se discutirá la creación de un Registro de Electores Residentes en el Exterior, en el marco de una ley sobre los derechos, obligaciones y requisitos de los ciudadanos argentinos que votan fuera del territorio nacional. Esta iniciativa busca facilitar la participación electoral de los argentinos que residen en el extranjero, asegurando que sus derechos como votantes estén protegidos y que puedan ejercer su voto de manera efectiva.

Por último, se abordará la modificación del Código Procesal Penal y el Código Procesal Federal en relación con el juicio en ausencia del imputado. Este tema es particularmente relevante en el contexto de garantizar el debido proceso y los derechos de los acusados, incluso cuando no están presentes en el juicio.