La polémica por el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham sumó un nuevo capítulo. El Concejo Deliberante derogó la ordenanza que había aprobado a fines de 2025 luego de que la Provincia de Buenos Aires negara su homologación, por lo que volvió a entrar en vigencia el código sancionado durante la gestión de Juan Zabaleta, el último que recibió la aprobación del gobierno bonaerense.

La resolución puso fin a una discusión que se extendió durante varios meses, aunque dejó un problema sin resolver. Las obras y emprendimientos que comenzaron bajo la normativa ahora anulada quedaron en una situación de incertidumbre, ya que fueron autorizados con un código que nunca obtuvo la validación definitiva de la Provincia.

La sesión se desarrolló en un clima de fuerte tensión. Un grupo de vecinos asistió al recinto para expresar su rechazo a las modificaciones urbanísticas y reclamó que el nuevo código no entrara en vigencia. Durante el debate también se produjeron cruces entre concejales y un episodio de violencia que obligó a intervenir para evitar que la situación escalara.

Desde la oposición cuestionaron el desarrollo de la sesión y sostuvieron que el oficialismo intentó avanzar con el tratamiento del expediente sin toda la documentación disponible. También criticaron el manejo del debate y reclamaron mayor transparencia en el procedimiento.

El conflicto alrededor del COU comenzó con la intención del Ejecutivo municipal de actualizar las reglas de planificación urbana. La iniciativa buscó modificar la zonificación del distrito y redefinir los parámetros para futuras construcciones con el objetivo de habilitar nuevos desarrollos.

Sin embargo, el proyecto encontró resistencia desde distintos sectores vecinales. Los cuestionamientos apuntaron al procedimiento de aprobación, la falta de información pública suficiente y el posible impacto sobre barrios residenciales, la infraestructura de servicios, los espacios verdes y el ambiente.

Entre las principales observaciones también aparecieron cambios en el plano de zonificación y en los indicadores urbanísticos que determinan qué tipo de construcciones pueden realizarse en cada sector del municipio. Los críticos del proyecto advirtieron que esas modificaciones alteraban aspectos centrales del ordenamiento territorial y sostuvieron que requerían una nueva instancia de participación ciudadana.

El rechazo de la Provincia terminó por obligar al municipio a retroceder. De esta forma, Hurlingham volvió al Código de Ordenamiento Urbano que había aprobado la gestión de Juan Zabaleta, mientras permanece abierta la discusión sobre las consecuencias administrativas y legales que podrían generar las autorizaciones otorgadas durante la vigencia de una norma que nunca recibió la homologación provincial.