La decisión de la conducción de Agencia de Recaudación y Control Aduanero de avanzar con 246 ascensos dentro de la estructura interna abrió un nuevo frente de conflicto sindical. La resolución llevó la firma del titular del organismo, Andrés Vázquez, y generó fuertes cuestionamientos de parte de la Unión del Personal Superior (UPS), el gremio que representa a sectores jerárquicos de la agencia.

La organización sindical difundió un duro comunicado bajo el título “La arbitrariedad no es política de recursos humanos”. Allí sostuvo que las recategorizaciones respondieron a criterios discrecionales y denunció que la medida vulneró el convenio colectivo de trabajo. Además, afirmó que el esquema de ascensos privilegió vínculos personales antes que antecedentes profesionales.

Dentro de la nómina aparecieron nombres vinculados al entorno político y a la conducción del organismo. Entre ellos figuraron Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía Luis Caputo, y Nicolás Velis, hijo del director general de Aduanas, José Velis.

Desde la UPS aclararon que no ponían en discusión “la valia personal” de quienes recibieron las mejoras escalafonarias. Sin embargo, remarcaron que el mecanismo resultó “inadmisible e injusto” para el resto de los trabajadores. El gremio además vinculó la polémica con el deterioro de la recaudación tributaria y el malestar salarial dentro de la estructura estatal.

En ARCA minimizaron las críticas. Ante consultas periodísticas, voceros del organismo respondieron que la UPS “no tiene personería gremial” y señalaron que la entidad carecía de aval jurídico.

La controversia volvió a colocar a Vázquez en el centro de la escena. A comienzos de año, el funcionario promovió a su esposa, María Eugenia Fanelli, al cargo de subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la DGI. Ese movimiento también generó cuestionamientos internos.

A su vez, el jefe de ARCA afrontó otro foco de tensión desde el plano judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó semanas atrás su indagatoria por presunto ocultamiento de propiedades en Miami valuadas en más de dos millones de dólares.

El sindicato aprovechó el conflicto para exponer la situación estructural del organismo. En el comunicado citó el presupuesto 2026 de ARCA y señaló que el propio Ministerio de Economía reconoció problemas graves dentro de la agencia. Según la UPS, el documento oficial admitió la existencia de un “ecosistema tecnológico obsoleto” y una “gestión de talento limitada”.

La conducción gremial acusó a Vázquez de profundizar la fractura interna “con designaciones a dedo” en medio de salarios deteriorados y reclamos pendientes. También cuestionó la falta de recomposición salarial y denunció que parte del personal quedó relegado mientras la conducción otorgó beneficios selectivos.

“No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al más amigo”, sostuvo el comunicado sindical. Más adelante, la entidad advirtió: “No se compran voluntades con grupos discrecionales”.

La UPS también reclamó un reencasillamiento general para trabajadores de áreas de investigación, fiscalización y determinaciones de oficio. El sindicato planteó que esas funciones debían recibir igual remuneración bajo el criterio de “igual tarea, igual remuneración”.

En otro tramo del texto, la organización cargó contra la pérdida de personal especializado dentro del organismo. Según indicó, ARCA perdió más de 4.300 funcionarios en los últimos años. Para la conducción gremial, el escenario actual debilitó una de las estructuras técnicas más importantes del Estado nacional.

El documento llevó las firmas de dirigentes históricos del sector, entre ellos Julio Estévez, María Laura Struba, Ricardo Prado, Mirta Vallejos Quiroz y Mariana de Alva, esposa del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.