Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, y familiares de los detenidos el 12 de junio en el operativo represivo de Bullrich en Congreso, se concentron en Plaza de Mayo para reclamar la libertad de todos los presos por luchar y el cierre de todas las causas contra los manifestantes. Son 16 quienes permanecen ilegalmente detenidos por manifestarse en repudio a la Ley Bases durante su votación en el Senado.

Se realizó un acto en el que tomaron la palabra los familiares y amigos de los detenidos, con la lectura de unas sentidas palabras que subrayaron la importancia de estar organizados para lograr la libertad inmediata y el cierre de las causas contra los trabajadores, estudiantes, artistas, que permanecen apresados tras detenciones arbitrarias en medio de una feroz represión y una posterior cacería contra manifestantes y vecinos. Se leyó un documento con centenares de firmas en apoyo.

La Iglesia Católica de Merlo-Moreno, a través de su Equipo de Pastoral Social, manifestó “su preocupación ante la represión dispuesta por el Gobierno Nacional el miércoles pasado, día del debate de la ley Bases” y reclamó la liberación de “los manifestantes detenidos injustamente y sin pruebas”. La declaración se difundió mientras los familiares de los detenidos siguen reclamando por su libertad y denunciando los atropellos sometidos.

El Equipo de Pastoral de la diócesis católica de Merlo-Moreno –de la que es titular el obispo Juan José Chaparro- exigió que los detenidos en las cercanías del Congreso el miércoles anterior “deben ser liberados de inmediato y debe dejarse de lado el armado de causas contra ellos”.

Los representantes católicos consideran “aberrantes las acusaciones de ‘terrorismo’ y ‘golpe de estado’” con las que se está imputando a las y los detenidos por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich.

“Reafirmamos que la protesta es un derecho de todos los ciudadanos”, dice el comunicado mediante el cual también se alerta “ante acciones antidemocráticas represivas e ilegales de las fuerzas de seguridad con gas lacrimógeno a ciudadanos en su derecho constitucional de manifestarse y llevar a cabo una `cacería’ en las calles cercanas al Congreso de la Nación”.