Golpe por golpe. Minutos después de que trascendiera la carta documento con la que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti le exige a Elisa Carrió que deje de atacarlo, la diputada contragolpeó anticipando su anunciado pedido de juicio político contra el cortesano, fundado en un amplio abanico de supuestos delitos, irregularidades y prebendas que, según dice, a su vez será ampliado en los próximos días.

"Mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos", es la síntesis del pedido de jury que hace minutos ingresó en la mesa de entradas del Congreso. Esa síntesis agrega que "el presidente del Máximo Tribunal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce."

Carrió también relaciona al titular de la Corte con una de las supuestas falsas mutuales investigadas en la causa Fútbol para Todos como fachadas para negociados financieros a través del cambio de los cheques que AFA pagaba a los clubes. La diputada se refiere a la mutual Pyme Rural. "El 54% del padrón de asociados de Pyme Rural realizaron su adhesión el mismo día, el 15 de mayo del 2015, entre ellos el Presidente de la Corte, sus hijos, socios y demás familiares", dice. Un detalle no está mencionado en la denuncia: la jueza de esa causa, María Servini, mantiene un enfrentamiento contra Lorenzetti tanto o más duro que el de la propia Carrió.

“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene la diputada de la Coalición Cívica ARI en los fundamentos de su proyecto. “Coincidimos y compartimos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la necesidad de terminar con el comportamiento mafioso y en la batalla que debemos emprender para sacarlos del poder, ese que muchas veces es usado para extorsionar y erosionar los cimientos de la República”, agrega, involucrando a Macri en la movida y apelando a la frase que según publicó hoy Clarín el Presidente formuló ante sus ministros: "o los mafiosos van presos, o nos voltean".

La denuncia también cuestiona la supuestamente "irregular matriz administrativa del Poder Judicial" a causa de "la transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", "la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia", el "intento de no ser controlado por la Auditoría General de la Nación" y "la pelea por la caja judicial durante el trámite de las leyes de Cristina Kirchner para someter al poder judicial."

La catarata de acusaciones no termina: "manipulación en el manejo de las escuchas telefónicas", "irregularidades en el sistema de informatización del poder judicial" que echan sospechas sobre los sorteos", " discrecionalidad de los fondos anticíclicos", o "manejo irregular y discrecional de la obra social"

Carrió solicitará, además, la conformación de una comisión investigadora de las irregularidades del Poder Judicial.

Esta es la primera presentación del juicio político, que será ampliado "con el análisis del rol del actual presidente de la Corte en la implementación de los seguros ambientales, así como de su vinculación con las empresas aseguradoras que prestan el servicio. Entonces se entregará la documentación que prueba hechos de gravedad institucional y un análisis sobre la matriz de relaciones que incluyen sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad", anuncia en el texto.

Entre las personas que la diputada pide que sean citadas a declarar, se encuentran, los jueces María Romilda Servini de Cubría y Ariel Lijo; el ex senador, Mario Cimadevilla; el ex secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto y su antecesor en el cargo, Leandro Despouy; la diputada porteña por la CC ARI, Paula Oliveto Lago y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entre otros.