El sindicalismo tiene previsto emprender una ofensiva judicial contra la Ley de Bases y el paquete fiscal. Los abogados de la CGT y de varios sindicatos destacados están revisando los textos de las leyes aprobadas en el Congreso para preparar recursos de amparo con el objetivo de impugnar ciertos artículos que consideran inconstitucionales.

Por el momento, la estrategia es que las denuncias sean impulsadas por los sindicatos individualmente y no por la CGT. “Respetaremos las decisiones soberanas de cada organización sindical en su tarea de proteger sus derechos, sin importar lo que pueda hacer la CGT como entidad”, explicó Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en declaraciones. También añadió: “Todo está permitido y sabemos cómo utilizarlo, como lo hemos hecho en el pasado cuando actuamos como CGT”.

Martínez hacía referencia a la impugnación que la CGT presentó contra el DNU 70 al inicio del mandato de Javier Milei, lo cual llevó a que la Justicia del Trabajo declarara inconstitucionales 6 artículos del decreto de necesidad y urgencia, al considerar que “afectaban directamente los intereses y derechos” de la CGT, mientras que los otros artículos se relacionaban con el derecho individual.

“Mantenemos nuestra soberanía y nadie nos impide hablar y actuar en defensa de los intereses de nuestros trabajadores; por eso nuestra consigna en la CGT es ni un paso atrás”, afirmó Martínez. También añadió: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Por otro lado, Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria y diputado de Unión por la Patria, adelantó que su sindicato impugnará ante la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias. Argumentó que “hay un hecho muy grave: están creando un tributo con el voto de una sola cámara”. Además, señaló: “Está claro que hay un proceso inconstitucional”.

Es previsible que otros sindicatos cuyos afiliados se verán afectados por mayores descuentos salariales si se restituye el Impuesto a las Ganancias también sigan el mismo camino judicial que la Asociación Bancaria. Los abogados de varios gremios ya están en contacto para evaluar otros artículos del capítulo laboral de la Ley de Bases, los cuales, según afirman, “perjudican los derechos de los trabajadores”.

Cuando la Ley de Bases fue aprobada en Diputados a fines de marzo, los abogados de la CGT ya consideraban “inaceptable” el artículo que introduce la figura del “trabajador independiente” que puede emplear hasta tres “trabajadores independientes” más para llevar a cabo un emprendimiento productivo. Según los asesores legales de los sindicatos, esto consagra la “deslaboralización”, es decir, la falta de protección laboral.

En este aspecto, hay un amplio consenso entre la CGT y la CTA Autónoma. El Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA advirtió que estos trabajadores “pierden la totalidad de los derechos laborales; no tienen vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo”. Además, enfatizaron que “la iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”.

Desde la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, intentaron en su momento mitigar las quejas sindicales sobre la figura del “trabajador independiente”, argumentando que los problemas eventuales podrían resolverse mediante el decreto reglamentario de la Ley de Bases.

Los expertos jurídicos de la CGT también cuestionan, entre otros, el artículo que contempla el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, ya que, según señalan, no establece una “reparación integral” de la cesantía ni “determina la reinstalación” del trabajador.

Además, preocupa el artículo añadido por el Senado que penaliza los bloqueos contra las empresas, considerando estas protestas, a menudo utilizadas por el Sindicato de Camioneros, como una “grave injuria laboral”, lo que constituye una causa justificada de despido.

En relación a este tema, los abogados sindicales podrían recurrir a un precedente judicial: uno de los artículos del DNU 70, que fue declarado inválido por la Cámara Nacional del Trabajo, consideraba como infracción muy grave bloquear o tomar un establecimiento durante una huelga y afectar la libertad de quienes desean trabajar durante un paro.

El sector moderado de la CGT, que no se ve afectado por el artículo «anti-bloqueos» ya que no recurre a esa forma de protesta, está contento porque, en sus negociaciones con el Gobierno y la oposición dialoguista, logró que se eliminaran 42 artículos de la Ley de Bases, alineándose con sus demandas.

Las diferencias en la CGT han sido más evidentes en los últimos días: mientras Pablo Moyano luchaba contra la Ley de Bases, un dialoguista como Gerardo Martínez mostró su apoyo a la iniciativa al afirmar en una entrevista con el diario Perfil: “Soy de los que piensa que el Gobierno necesita tener una ley y mostrar mecanismos de gestión, que hasta ahora no se observan”. Otro miembro del ala dialoguista, Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, explicó que el contenido de la Ley de Bases y del paquete fiscal “lo fuimos negociando hasta atemperar bastante sus efectos, tanto con legisladores como con el propio Gobierno”.