La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen al proyecto de ley sobre “falsas denuncias” impulsado por la senadora Carolina Losada, y la iniciativa quedó a un paso de ser tratada en el recinto, con chances concretas de avanzar según la actual correlación de fuerzas.

El proyecto propone modificar figuras ya existentes en el Código Penal —como falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento— para endurecer las penas cuando se trate de acusaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o delitos contra niñas, niños y adolescentes. En ese esquema, las penas se elevarían a un mínimo de tres años y un máximo de seis, lo que podría implicar prisión efectiva.

La iniciativa no crea un nuevo delito, sino que agrava uno ya contemplado en la legislación vigente. Sin embargo, especialistas y organizaciones advierten que el cambio podría tener consecuencias directas en el acceso a la justicia. En particular, señalan el riesgo de que se equipare la falta de pruebas con una denuncia falsa, en un tipo de delitos que suelen ocurrir en ámbitos privados y con dificultades estructurales para su comprobación.

Desde esa perspectiva, uno de los principales cuestionamientos apunta a un posible efecto inhibidor: el temor a enfrentar una pena de prisión podría desalentar a víctimas de violencia de género o abuso a realizar denuncias.

Además, se advierte sobre una desproporción en las penas. En algunos casos, la sanción por una denuncia considerada falsa podría superar la prevista para el delito denunciado, como ocurre con ciertos tipos de abuso sexual, cuyas penas van de uno a cuatro años.

El debate se da en un contexto más amplio de discusión sobre las políticas de género. Organismos y especialistas vienen alertando sobre un retroceso en programas de prevención y asistencia, así como sobre falencias estructurales del sistema judicial, como la falta de perspectiva de género, demoras en medidas de protección y prácticas revictimizantes.

En ese marco, datos oficiales y de organizaciones civiles refuerzan la preocupación por la subdenuncia: en Argentina, la mayoría de los casos de violencia de género no llegan a la justicia. En contraste, estudios internacionales ubican las denuncias falsas en niveles marginales.

Durante el tratamiento en comisión, el proyecto generó fuertes cruces. Mientras sus impulsores sostienen que busca evitar abusos del sistema y proteger a personas denunciadas injustamente, desde la oposición se advirtió que podría consolidar un mensaje contrario: priorizar la sanción de denuncias por sobre la protección de víctimas.

El dictamen contó con el respaldo del oficialismo, aliados y bloques provinciales, y dejó en evidencia divisiones dentro de otros espacios políticos. En paralelo, al menos siete provincias manifestaron su rechazo a la iniciativa, marcando un contrapunto institucional en la discusión.

Con el proyecto en condiciones de llegar al recinto, el debate promete profundizarse en las próximas semanas, en torno a un eje sensible: el equilibrio entre garantizar el acceso a la justicia y evitar el uso indebido de denuncias en delitos de alta complejidad probatoria.