Aunque el Gobierno celebró una mejora estadística en la participación de los salarios, el poder de compra promedio cayó 2,6% en los últimos dos años y se desplomó más de 15% en el sector público.
Aunque el Gobierno celebró los datos del INDEC que muestran una suba en la participación de los salarios en el valor agregado, el detalle detrás del informe revela un panorama menos auspicioso: la mejora salarial fue parcial, desigual y sostenida sobre un brutal ajuste en el sector público.
Según la Cuenta de Generación del Ingreso publicada esta semana por el INDEC, la participación de la remuneración al trabajo asalariado subió del 44,1% al 49,1% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. Con ese dato, el oficialismo buscó instalar la idea de una “recuperación del salario real” como resultado del plan económico. Sin embargo, un análisis más fino muestra que se trató más de un rebote técnico que de una mejora estructural.
El economista Daniel Schteingart, exfuncionario y uno de los pocos divulgadores que interpretaron el informe completo, aclaró que la comparación 2024-2025 parte de una base extremadamente baja. El primer trimestre del año pasado fue el momento posterior a la devaluación de diciembre de 2023, con inflación mensual en niveles récord. Por eso, incluso con una suba del 15% interanual en el salario real durante ese período, el nivel sigue lejos de recuperar lo perdido.
Al contrastar con 2023, la película cambia: el salario real promedio cayó 2,6% entre los primeros trimestres de 2023 y 2025. En el sector privado se registró una suba del 3,1%, pero en el empleo público la caída fue del 15,7%. Las actividades más afectadas fueron todas estatales: administración pública (-16%), enseñanza pública (-15%) y salud pública (-12%).
La foto de la recuperación deja, además, a los ganadores de siempre en lo más alto. En petróleo y minería —los sectores más favorecidos por el modelo extractivista y exportador que impulsa Javier Milei— los salarios reales crecieron más del 26% en los últimos dos años. En el sector financiero, otro de los aliados del ajuste, también se registraron subas, en torno al 8%.
La estrategia oficial, basada en la licuación del gasto público, se tradujo en una caída real de los ingresos de docentes, médicos y empleados estatales. En paralelo, mejoraron los márgenes del sector privado exportador, y crecieron las rentas del capital. El ajuste no fue homogéneo: se concentró en las áreas más sensibles del Estado.
El resultado es una mejora estadística que encubre un deterioro social. La mayor “participación de los asalariados” en el ingreso nacional no implica una redistribución real, sino un reacomodamiento coyuntural luego del derrumbe de 2024. Mientras el Gobierno exhibe el rebote como una victoria, millones de trabajadores estatales siguen corriendo detrás de la inflación.
El modelo del “déficit cero” encontró su ancla en la reducción del salario público. La caída en educación, salud y administración no solo expresa un empobrecimiento de esos sectores, sino también una forma de disciplinamiento fiscal que el oficialismo no disimula. El “orden macroeconómico” que el Gobierno celebra se sostiene sobre el ajuste a los que menos ganan y a los que más trabajan.
