La Justicia argentina resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y su esposa Bettina Angeletti, mediante una decisión firmada hoy por el juez federal Ariel Lijo. La medida forma parte de la investigación en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito que involucra los movimientos financieros de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.

Entre las acciones adoptadas, Lijo dispuso también el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

El objetivo de la resolución judicial es facilitar el acceso a información patrimonial y bancaria que permita esclarecer eventuales irregularidades detectadas en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión judicial: acceso total a cuentas y movimientos

El juez Lijo atendió el pedido presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales de Adorni, Angeletti y la consultora AS Innovación Profesional. Este procedimiento implica que los investigadores pueden revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones de impuestos relacionadas con los implicados, sin limitaciones.

Por ley, la información bancaria y fiscal está protegida como confidencialidad. El levantamiento –basado en los artículos 39 de la ley 21.526 (ley de entidades financieras) y artículo 101 de la ley 11.683 (régimen de procedimientos fiscales)– solo se permite con la autorización de un juez.

En la resolución, el juzgado dispuso también la apertura de los datos contemplados por el artículo 22 de la ley 25.246, que refiere a información protegida bajo la ley de lavado de activos.

El sector bancario y fiscal resguarda la información de sus clientes para proteger la privacidad y evitar filtraciones, lo que impide cualquier intromisión externa en los historiales bancarios o impositivos. Pero ante una causa penal en marcha, un juez puede habilitar el acceso total cuando hay elementos suficientes de sospecha, como los presentados en este expediente.

El levantamiento del secreto permite rastrear el flujo de fondos, detectar transferencias, compras, tenencias o inversiones no declaradas y refutar eventuales explicaciones de los investigados.

La fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros y verificar si se produjeron maniobras que configuren delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.