Javier Milei quiere a Milagro Sala en la cárcel. Detenida en enero de 2016 por ser parte de una protesta social, la justicia de Jujuy fue acumulando causas contra la dirigente social para mantenerla tras las rejas.

Después de comprobar que su salud se deterioraba a pasos agigantados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) intervino y, en noviembre de 2017, le encomendó al Estado argentino que le concediera el arresto domiciliario o alguna medida menos lesiva. Y así sucedió.

Dispuesto a inaugurar una nueva etapa en materia de derechos humanos, Milei reclamó que se levanten las medidas de protección que rigen sobre Sala para que vuelva a la cárcel.

Para los organismos de derechos humanos que siguen de cerca la situación de Sala —que acaba de salir de una internación—, se trata de un nuevo caso de persecución y hostigamiento.

Joaquín Mogaburu, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), dijo en el comunicado que firma en nombre del Gobierno contra Sala: “Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”.

El argumento central del Gobierno es que Sala tiene una condena firme a quince años de prisión que debe ser cumplida en la cárcel. Es lo que viene pidiendo la justicia jujeña —siempre alineada con el poder local—, que pretende que la dirigente de la Tupac Amaru deje la ciudad de La Plata, adonde se mudó hacia finales de 2023 para poder realizar los tratamientos médicos que no podía hacer en Jujuy.

En el comunicado, el Gobierno dijo que había rechazado las alegaciones de “hostigamiento judicial” formuladas por las organizaciones que representan a Sala y denunció una supuesta vulneración de las condiciones del arresto domiciliario que habría activado alertas en el sistema de monitoreo electrónico.

“Esta medida de la Corte-IDH se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener condena firme”, insistió.

Si bien en 2024 ya se había formulado el pedido ante la Corte-IDH, la administración mileísta lo reiteró y parece haberse pintado la cara para ir a la guerra contra la dirigente social. El objetivo principal es que se levante la medida provisional que la Corte-IDH concedió en favor de Sala el 23 de noviembre de 2017.

En diciembre de 2017, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación validó la medida provisional de la Corte-IDH en favor de la detención domiciliaria de Milagro Sala.

Ese mismo tribunal después confirmó dos condenas contra ella: la del caso de las “bombachas” (dos años de prisión) y la de Pibes Villeros (trece años de prisión). La justicia jujeña hizo un cálculo aritmético y afirmó que la dirigente social debe cumplir quince años de cárcel. Ya lleva diez detenida: es decir, dos terceras partes de la pena –lo que le permitiría ya acceder a la libertad condicional.

Desde que la Corte-IDH otorgó la medida cautelar en favor de Sala, su salud no dejó de deteriorarse. Sufrió golpes personales muy fuertes: la muerte de su marido y la de uno de sus hijos.

Estuvo internada hasta finales de enero y, en las últimas horas, sus abogados plantearon un hábeas corpus para que pudiera salir de la casa en la que cumple arresto domiciliario y atenderse en el hospital San Roque de Gonnet. El juez platense José Villafañe le otorgó una autorización “excepcional”, explicó a este diario la abogada Alejandra Cejas.

Desde fines de diciembre, el sistema de justicia jujeño redobló sus esfuerzos para que Sala vuelva a Jujuy para ser nuevamente encarcelada. A fines de ese mes, una delegación del Ministerio Público de la Acusación apareció en La Plata e intentó introducirse en el Hospital Italiano con el supuesto objetivo de comprobar el estado de salud de la líder de la Tupac Amaru. Los propios médicos y enfermeros lo rechazaron.