Luego de reglamentar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, el Gobierno explicó que la decisión respondió de manera directa a una orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana y remarcó que acatará todas las resoluciones judiciales. «Somos respetuosos de la división de poderes», señalaron desde la administración libertaria, y agregaron: «Si nos obligan vamos a reglamentar».

En Casa Rosada reconocen que la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica siguen vigentes pero con su aplicación suspendida. Un sector del Ejecutivo busca insistir con su derogación, aunque admite que, frente a un fallo judicial, avanzarán en su reglamentación.

«Algo hay que hacer con esas dos leyes porque tenemos sino dos puntos del déficit fiscal comprometidos», sostuvo una fuente con acceso al despacho presidencial en diálogo con el portal nacional Infobae.

Desde el oficialismo subrayan que desobedecer una sentencia no es una opción. «No cumplir un fallo es un delito. Es nada más y nada menos que incumplimiento de los deberes de funcionario público para empezar», explicó una fuente libertaria al referirse al antecedente del juez Adrián González Charvay, quien declaró inválido un artículo del decreto que había suspendido la ejecución de la ley de Discapacidad.

La postergación de ambas normas, sancionadas por el Congreso en agosto, derivó en múltiples amparos y en una cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y becas en las universidades nacionales. Frente a ese escenario, desde Casa Rosada reiteraron: «Nunca vamos a incumplir una orden judicial. Si la justicia falla, más allá de que estemos de acuerdo o no, vamos a acatar».

Con la firma del presidente, Javier Milei, el Ejecutivo reglamentó la ley de Discapacidad en la madrugada del miércoles, justo antes del plazo fijado por la Justicia. «Lo que nos hizo avanzar fue la catarata de sentencias en contra», ironizó una fuente oficial. Aclararon que el decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo, sino una decisión política de «respetar la división de poderes».

Mientras tanto, las leyes 27.795 y 27.796 siguen un camino incierto. Tras ser vetadas por el presidente y luego ratificadas por el Congreso, fueron promulgadas y suspendidas, y más tarde el Gobierno intentó derogarlas en el Presupuesto 2026, sin éxito. Aunque el ala dura del oficialismo no descarta volver a la carga, admiten que si la Justicia ordena su aplicación inmediata, no habrá margen para desconocer la decisión.