Los prestadores no pueden dar un servicio en Discapacidad acorde a lo que necesitan las personas que padecen estas complicaciones. El retraso del programa Incluir Salud (IS) en los pagos a los prestadores llegó a ser de seis meses en algunos casos. Ya en febrero, último dato disponible, la deuda con el sistema era de casi 70 mil millones de pesos, y contando.

El impacto es mayor en las instituciones que dependen de la obra social estatal, como sucede con el propio Promover, cuyos pacientes son en su enorme mayoría chicos de bajos recursos que se atienden por IS. Además, en el interior del país la situación se hace aún más compleja por la menor movilidad.

A UN AÑO DE LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD, EL DAÑO ESCALA.

A un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad el Gobierno solo cumple con unos pocos artículos de la norma. Las consecuencias de ese ajuste de hecho es que las terapias pierden calidad, porque los profesionales renuncian y buscan otros rumbos; las instituciones, además, se endeudan por demás con cualquier ventanilla de préstamo que consigan para seguir a flote, al tiempo que recortan sus prestaciones.

Por ahora sólo está vigente la actulización mensual de los aranceles de acuerdo al IPC del INDEC. Pero lo hace sobre la base del ajuste acumulado durante todo 2024 y 2025, cuando el valor de la hora de los profesionales y las terapias estuvo congelado. La ley establecía una admisión de esa deuda y una recomposición rectroactiva, que las organizaciones calculan que es de por lo menos un 40 por ciento. Eso genera que los aumentos, aunque necesarios, resulten insuficientes.

Uno de los capítulos clave de la Emergencia fue el referido a las pensiones por discapacidad. El cálculo de la Oficina de Presupuesto, durante el debate parlamentario, dio como resultado una estimación de por lo menos 400 mil nuevas pensiones en los próximos años. Lejos de eso, el gobierno ya recortó unas 110 mil en dos años y medio.