La gestión de Javier Milei avanzó en un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que implicará una depuración de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad. El ajuste, previsto para fin de año, se llevará a cabo mediante un empadronamiento en un registro único que permitirá excluir a quienes no cumplan con los nuevos requisitos.

El Gobierno nacional sostuvo hasta ahora una política de aumentos en la AUH y en la Tarjeta Alimentar por encima de la inflación. Esa estrategia, utilizada como argumento para mostrar una baja en los índices de pobreza, recibió incluso el respaldo del propio Fondo. Sin embargo, el rumbo cambiará después de las elecciones de octubre, según lo acordado en el nuevo entendimiento técnico firmado y aprobado por el FMI.

En el texto del acuerdo se especifica que habrá «mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social (finales de diciembre de 2025)».

El organismo multilateral también explicitó los motivos del recorte. Reclamó un ahorro fiscal mayor para reforzar la transición a un esquema cambiario más flexible. Puntualmente, exigió un recorte equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PBI, con el objetivo de elevar el superávit primario a 1,6% del producto, por encima del 1,3% que se había estipulado previamente.

En el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” del mismo documento, el Gobierno manifestó: “Continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los subsidios energéticos, asegurando una adecuada recuperación promedio de costos para la electricidad, y para mejorar la focalización, la gobernanza y la eficiencia de los programas sociales, facilitado por la integración de bases de datos sociales en un registro único”.

La metodología de recorte ya tiene diseño técnico. Según el acuerdo, se buscará «completar la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social (Sistema de Indicadores Sociales, SIS), trabajando con la asistencia técnica del Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social».

El SIS está bajo control del Ministerio de Capital Humano. Su función original consistía en brindar estadísticas mensuales sobre condiciones sociales en áreas como pobreza, salud, educación y vivienda. Sin embargo, el sitio oficial no publica nuevos informes desde mayo de este año. A pesar de eso, el Ejecutivo apunta a convertir ese sistema en la plataforma central que concentrará todos los datos de quienes reciben ayuda estatal.

La web institucional indica que el SIS «consolida información social relevante generada a partir de relevamientos estadísticos y registros administrativos. Brinda una visión global de la situación socioeconómica a nivel nacional. Se actualiza la primera semana de cada mes». Pero esa frecuencia se interrumpió en el último trimestre.

El uso de expresiones como «focalización» en el texto del FMI generó dudas sobre si el plan oficial afectará solo a los nuevos ingresos o también a los actuales beneficiarios. La falta de claridad alimentó especulaciones sobre una poda directa en la cantidad de asignaciones ya otorgadas.

Un punto similar involucra a las pensiones por discapacidad. En este caso, el contexto político se volvió más claro luego del reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esa norma preveía un aumento significativo en las pensiones no contributivas, con un impacto fiscal que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, podría alcanzar entre el 0,25% y el 0,48% del PBI. Esa presión extra sobre las cuentas públicas chocó con las metas acordadas con el Fondo.

Pese a las evidencias en el texto oficial, desde el Ministerio de Economía aseguraron que el acuerdo no contiene instrucciones específicas para reducir el número de beneficiarios. «No dice que hay que ajustar la cantidad de beneficiarios», afirmaron. «No se habla de ajuste». De todos modos, no ofrecieron una interpretación alternativa sobre el contenido.

Tampoco hubo explicaciones oficiales desde la ANSES ni desde el Ministerio de Capital Humano, a pesar de las consultas realizadas por periodistas. La implementación del recorte, si se concreta según lo previsto, marcará un cambio drástico en la política social del actual gobierno.