Desde la UIF y AFARTE advirtieron que «la plena vigencia del Decreto Nº 333 de fecha 19 de mayo de 2025 y el conjunto de medidas de desregulación económica en curso, el sector industrial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enfrenta un escenario de pérdida crítica de competitividad que requiere una revisión de las cargas vigentes, agregando que este impacto no se limita exclusivamente al segmento de celulares, sino que la totalidad de la actividad productiva de la provincia se vio afectada”.
Hasta hoy la normativa vigente indicaba que «para acceder a la extensión de la vigencia del régimen, las empresas industriales debían realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al quince por ciento del beneficio obtenido en concepto de Impuesto al Valor Agregado por la venta de los productos que resulten vinculados a los proyectos industriales».
El FAMP-Fueguino se sostenía gracias a este aporte mensual y permitía que las compañías establecidas bajo el régimen fiscal especial mantuvieran ciertas ventajas a cambio de destinar una parte de esas ganancias al mismo fondo. Por el momento, las firmas continuarán accediendo al marco de incentivos fiscales vigente.
Tierra del Fuego dispone de un régimen fiscal y aduanero especial desde la sanción de la Ley N° 19.640 – Régimen de Promoción, orientada a promover inversión, desarrollo industrial y empleo en la región. Este marco regulatorio “permitió, a través de diversas inversiones, la radicación de numerosas empresas industriales generadoras de empleo”.
En 2021, se extendió la vigencia de los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2038, siempre que las industrias cumplieran con las obligaciones de aportes al FAMP-Fueguina.
