En las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei anunció la derogación de 43 normas que permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y requerir información a empresas, en el marco de la estrategia que adoptó la administración libertaria el 10 de diciembre pasado para reducir trabas burocráticas y fomentar la libre competencia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía, con la firma de su titular, Luis Caputo, y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, perteneciente a la mencionada cartera y encabezada por Pablo Lavigne.

En tanto, las normas que eliminó el Ministerio de Economía a través de las resoluciones publicadas en Boletín Oficial abarcaban controles en sectores claves como la carne vacuna, alimentos lácteos, comercios, grandes supermercados, servicios de comunicación y farmacias.

Al mismo tiempo, las resoluciones dejaron sin efecto exigencias vinculadas a instituciones educativas y regulaciones que, según el Gobierno, “incrementaban costos y afectaban el flujo del mercado”. Entre ellas, se destaca la eliminación de una resolución que dificultaba el acceso al proceso de homologación de neumáticos.

En los considerandos de las resoluciones, Caputo y Lavigne subrayan que las normas que ya no tienen vigencia en el territorio nacional “no sirvieron a los fines que fueron dictadas”, y representaron un “enorme dispendio de recursos humanos dentro del Estado, además de materiales sin resultados positivos”.

En la misma línea, las disposiciones firmadas por el titular del Palacio de Hacienda y el secretario de Industria, completan que la eliminación de las 43 normas que le quitan peso al Estado nacional buscan “simplificar procesos productivos y reducir los costos de transacción para los proveedores”, con el objetivo de evitar el traslado de los costos al consumidor final.

Cabe recordar que, la derogación de las 43 normas forma parte de un plan más amplio iniciado por Milei, que ya suma 107 medidas de desregulación, entre las que se destacan la eliminación de las licencias automáticas y no automáticas de importación, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), y la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP), que según el Ejecutivo generaba costos de USD 5 millones y más de un millón de declaraciones anuales.

En tanto, la administración libertaria suprimió herramientas como el “canal rojo valor” para importaciones, los valores de referencia para exportaciones, y la participación de veedores sectoriales en procesos aduaneros. A nivel doméstico, las resoluciones publicadas esta mañana en el Boletín Oficial desactivaron programas como Precios Cuidados y el Sistema de Precios de Productos Forestales Maderables (SIPRE), un régimen informativo sobre precios y cantidades.

 

Ley Hojarasca: el paso clave en la desregulación del Estado

 

En línea con las resoluciones publicadas esta mañana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó en el Congreso la denominada Ley Hojarasca, una propuesta que busca eliminar normativas consideradas obsoletas que según el Gobierno “afectan libertades individuales y el derecho a la propiedad”.

Así, la administración libertaria encabezada por Milei avanza en una agenda que prioriza la libre competencia, la reducción de la intervención estatal y la simplificación de procesos para fomentar un mercado más dinámico y accesible para consumidores y empresas.

“Se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”, remarca los fundamentos de la Ley Hojarasca.

En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló las normativas a eliminar mediante el proyecto de la Ley Hojarasca, la cual apuntan mayormente apunta a legislaciones proclamadas en las décadas del 70, 80, y 90, como así también varias normas emitidas bajo la última dictadura militar.

En detalle, el funcionario nacional agrupó las leyes a eliminar en seis sectores: que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad; mejoradas por leyes posteriores; obsoletas por el avance de la tecnología; eliminación de estructuras burocráticas y trámites inútiles; normas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos; sobre organismos financiados con fondos públicos que deberían autofinanciarse.