El gobierno de Javier Milei retoma con firmeza las auditorías en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), diseñadas durante la gestión de Diego Spagnuolo con el objetivo explícito de reducir al máximo posible la cantidad de beneficiarios. A pesar de las promesas internas de suspender estas auditorías, la ANDIS ha reanudado el proceso, notificando a los trabajadores que se continuará con la baja de pensiones. Según el proyecto de ley de Presupuesto 2026, se prevé que entre este año y el próximo se eliminarán 155.606 pensiones, lo que representa una reducción significativa sobre un total actual de 1.133.549 pensiones.

En paralelo, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su ejecución tras el rechazo de ambas cámaras del Congreso al veto presidencial. Esta situación deja a las personas que han perdido o podrían perder su pensión en una posición cada vez más compleja, tanto política como judicialmente. Hasta el momento, la única provincia que ha logrado frenar las bajas es Formosa, donde un fallo judicial respaldado por la Defensoría del Pueblo ordenó la restitución de más de 14.500 pensiones que el gobierno nacional debía haber reinstalado hace más de un mes y que recién está comenzando a devolver.

El proceso de auditoría continúa, y las autoridades de la ANDIS han informado a los trabajadores que si los beneficiarios no reciben la notificación para presentarse a la auditoría, se considerará que han dejado de cobrar la pensión. Además, se ha firmado un convenio con el PAMI para que esta obra social realice las evaluaciones en todo el país, lo que implica que la ANDIS envíe los listados de pensionados a auditar al PAMI, quien devuelve los turnos asignados, y la ANDIS comunica a los beneficiarios los turnos para que se presenten ante el PAMI o alguna dependencia subcontratada. Sin embargo, el eslabón clave de esta cadena continúa siendo la notificación, que sigue estando en manos de la ANDIS y que ha sido responsable de la baja de más de 111.000 pensiones, principalmente porque los beneficiarios nunca recibieron la notificación para presentarse a la auditoría.

Mientras tanto, el gobierno nacional continúa con su política de ajuste, eliminando las retenciones al agro, lo que ha generado críticas por el impacto que tendrá en la recaudación del Estado. El diputado nacional Pablo Carro ha señalado que la eliminación de las retenciones tendrá un impacto de $3,8 billones en la recaudación, lo que podría afectar aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La situación para las personas con discapacidad que dependen de estas pensiones se vuelve cada vez más incierta y preocupante, mientras el gobierno de Milei avanza con su agenda de ajuste sin considerar las consecuencias sociales de sus decisiones.