A través del Decreto 1048/2024, el Gobierno dispuso el cierre de cinco fondos fiduciarios, que incluyen uno para la asistencia de víctimas de trata y otros sobre inversiones, hipotecas y de apoyo al sector productivo.

«Registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados», explicaron desde el Ministerio de Economía.

La administración de Javier Milei ordenó la disolución de otros cinco fideicomisos bajo el argumento de que auditorías internas revelaron «incumplimiento de los objetivos», «ausencia de controles confiables», «administración costosa para el Estado» y «discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados».

Así, se ordenó la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364, destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

El Gobierno justificó el cierre en base a un informe de la SIGEN que señala «la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros».