El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, que Javier Milei impulsó a través de un tuit y que luego sufrió un desplome sospechoso vinculado a un supuesto desfalco cercano a los U$S 100 millones, sacude al Gobierno. Desde la Casa Rosada, los principales referentes políticos intentan apartar el tema del debate público y analizan estrategias para impedir la sesión del próximo miércoles en Diputados, donde un sector de la oposición –sin el kirchnerismo– busca avanzar en la investigación del caso.

Las negociaciones y llamadas se intensificaron desde el momento en que se conoció la solicitud para abrir el recinto. La iniciativa fue impulsada por los radicales de Democracia, vinculados a Facundo Manes y al senador Martín Lousteau, junto a parte de Encuentro Federal y el larretista Álvaro González, quien aún permanece dentro del bloque del Pro. Con una jugada calculada, dejaron fuera a Unión por la Patria (UP), conscientes de que su participación podría alejar apoyos fundamentales para lograr quórum. Sin embargo, confían en que, cuando llegue el momento, los legisladores de ese espacio se sumarán al debate.

Desde el oficialismo recurrieron a su estrategia habitual: aseguraron el respaldo de sus aliados dentro de la UCR y el macrismo, además de los gobernadores, quienes buscan cerrar acuerdos con la Casa Rosada para obtener beneficios en sus provincias. En el Pro, intentaron –sin éxito– evitar que Álvaro González, el único diputado del sector que firmó la solicitud, avanzara con la iniciativa. Para el Gobierno, esto representó una señal preocupante: el viejo método de vaciar el recinto podría no ser suficiente esta vez.

Ante este escenario, el Ejecutivo puso en marcha un plan alternativo y apostó por Guillermo Francos. Los libertarios proponen que el jefe de Gabinete, con amplia experiencia en batallas políticas, brinde explicaciones sobre el caso $LIBRA en un intento por contener la crisis.

No está claro si la oposición aceptará esta propuesta. Existen discrepancias sobre las condiciones bajo las cuales Francos podría presentarse en Diputados. Mientras el Gobierno busca que su intervención se limite a los informes ordinarios de gestión y se diluya en un extenso cuestionario sobre la administración, la oposición insiste en una interpelación directa por el escándalo del criptogate.

Las próximas horas serán determinantes para definir la estrategia. El punto clave es si la oposición logra sostener el quórum hasta el miércoles. Si resisten las presiones oficiales, el Gobierno podría verse obligado a negociar.

A este complejo escenario se suma la denuncia presentada por la Coalición Cívica contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, lo que encendió las alarmas en la Casa Rosada. Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro la acusan de cohecho, tráfico de influencias y violación de la Ley de Ética Pública. En su presentación judicial, afirman que la hermana del Presidente manejaba la agenda de audiencias y que habría solicitado sobornos a cambio de favores políticos. La acusación se sustenta en mensajes filtrados, donde el trader Hayden Davis la menciona directamente.

“En la Justicia de Estados Unidos, la nombrada está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto”, señala la denuncia.

Si la oposición finalmente rechaza la propuesta de los libertarios y consigue el quórum para abrir el recinto, el impacto para el oficialismo no será devastador, pero representará un primer paso para poner en aprietos a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, actualmente lideradas por el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La presión apunta a forzarlos a habilitar el debate en comisión, con dos posibles caminos: interpelar a funcionarios del Ejecutivo o avanzar en la conformación de una comisión investigadora.

Si la sesión se concreta, el caso $LIBRA volverá a acaparar la agenda política, sumando un nuevo frente de conflicto para el oficialismo. Existen varias propuestas en juego. Las más contundentes, impulsadas por el socialismo y Unión por la Patria, plantean el juicio político al Presidente, aunque fueron descartadas del temario. Otras iniciativas buscan la interpelación de funcionarios clave, aunque con diferencias sobre quiénes deberían comparecer y bajo qué condiciones.

Una tercera alternativa, promovida por los radicales de Democracia, propone la creación de una comisión investigadora con facultades para citar testigos, solicitar informes y, llegado el caso, escalar la ofensiva contra el Gobierno.