El Gobierno de la provincia de Buenos Aires le puso reglas al uso de la inteligencia artificial dentro de la administración pública bonaerense. A través del decreto N° 742, se aprobó un marco que obliga a todos los organismos públicos a pasar un control previo antes de desarrollar, comprar o poner en marcha cualquier sistema de IA.

Así, establece once principios rectores que deberán guiar el desarrollo y uso de IA en la administración pública provincial, entre ellos la centralidad humana y el respeto por los derechos fundamentales, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la protección de datos personales, la supervisión humana en la toma de decisiones y la no discriminación.

En cuanto a los aspectos operativos, la norma dispone que todos los organismos, entes descentralizados y entidades autárquicas deberán requerir de manera obligatoria la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital antes de desarrollar, usar o contratar sistemas de inteligencia artificial, así como ante cualquier modificación sustancial de los ya implementados.

El texto prevé además mecanismos de evaluación de riesgos e impacto que deberán considerar los efectos sobre derechos fundamentales, la calidad de los datos de entrenamiento, los posibles sesgos en los sistemas, las implicancias laborales y el impacto ambiental y energético del desarrollo y operación de estas herramientas.