Así, los gremios docentes de alcance nacional ya no se podrán sentar con el Gobierno nacional a discutir las condiciones laborales, el salario mínimo y la carrera de los docentes, así como también el calendario educativo, y deberán hacerlo con el Consejo Federal de Educación. La Secretaría de Educación se limitará a refrendar el acuerdo.

La Secretaría de Educación solo intervendrá para «refrendar el convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente».

En el decreto el gobierno libertario asegura que «considerando la participación del referido Consejo Federal en la organización y gestión del sistema educativo, deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, en dicha negociación».

«A partir de la transferencia de los servicios educativos a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son dichas jurisdicciones las que resultan empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos, por lo que corresponde que sean estas las que participen de las negociaciones, a través del Consejo Federal de Educación», argumentó.

La Paritaria Docente Nacional establece el piso mínimo por debajo del cual no puede cobrar ningún docente en el país y establece así una referencia para la discusión que luego se da distrito por distrito.

El Gobierno aclaró que, de todos modos, “corresponde que la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano sea la encargada de revisar la propuesta elevada en los términos del citado artículo 10° de la Ley N° 26.075 y la analice de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria previo a refrendarla, en virtud de la implementación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9° de la referida norma”.

El objetivo de fondo del Ejecutivo es “reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública, priorizando la eliminación de funciones redundantes o de escaso impacto en el interés general, asegurando así un uso más eficiente de los recursos”.