Frente a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exadministrador general de la Corte Suprema Héctor Marchi se despachó con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, autores de su desplazamiento la semana pasada: advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona y denunció que, desde entonces, ha sufrido seguimientos y amenazas. Asimismo, asoció al juez Juan Carlos Maqueda con la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias sobre presuntas irregularidades.

“Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la secretaría general de administración en la auditoría que realizamos sobre la obra social”, enfatizó. Ante las preguntas de los legisladores, Marchi apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, presidente del máximo tribunal. “Recibimos todo tipo de amenazas; a algunos de mis colaboradores se les dijo que irán a trabajar a la Siberia si hablan conmigo”, asestó Marchi, quien reclamó por la “integralidad laboral” de quienes fueron sus empleados.

Asimismo, Marchi acusó a Robles de encubrir el cuarto informe de auditoría que realizó la secretaría a su cargo sobre las irregularidades detectadas en la obra social.

“Hubo reticencia a recibir el informe cuatro, lo envié ‘de prepo’ a la presidencia [a cargo de Rosatti], lo recibió Robles. Me consta que al Dr. (Ricardo) Lorenzetti no se lo mandó, no sé si lo hizo a los demás ministros. Esto obedece al grado de informalidad con que se maneja actualmente la Corte. El informe cuatro es la punta del ovillo; involucra al Dr. [Mariano] Althabe [actual director de la obra social]. Robles escondió el informe. Es grave”, acusó.

Marchi fue desplazado de su cargo el jueves pasado con el voto de los jueces Rosatti, presidente del tribunal, Rosenkrantz y Maqueda. El único en oponerse a su salida fue el mentor de Marchi, el juez Ricardo Lorenzetti, quien en su disidencia sostuvo que el exadministrador recibió una “sanción” por anticipar que enviaría a la Comisión de Juicio Político una serie de informes que revelarían serias irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial, cuyo control y supervisión recae en la Corte.

De inmediato, Marchi fue citado por los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político, que preside Carolina Gaillard, en el marco del enjuiciamiento que promueven contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. Una de las causales es, precisamente, las presuntas irregularidades detectadas en la obra social.

En el arranque de su exposición, Marchi dejó en claro que el principal responsable de la gestión de la obra social fue el juez Maqueda. Indicó que, cuando Lorenzetti asumió la presidencia de la Corte en 2005, se distribuyeron las tareas entre los miembros del tribunal.

“Cuando se asignaron las actividades por acordada, Maqueda pidió expresamente que no se lo incluyera en la acordada porque la obra social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica pero está claro que Maqueda dirigió la obra social. Prueba de ello es que todos los directores fueron elegidos por Maqueda y no hubo concurso”, enfatizó Marchi.

De esta manera, el exadministrador refutó al juez Maqueda, quien insiste en que nunca fue designado formalmente por su pares como supervisor de la obra social. Ante una pregunta del diputado oficialista Leopoldo Moreau sobre este punto, Marchi confirmó que Maqueda estaba al tanto de lo que sucedía en la órbita de la obra social.

“A quienes nos toca una función de importancia, tenemos que tener responsabilidad de asumir los actos que tenemos. Maqueda no solo supervisaba: todos los actos que se realizaba Aldo Tonón (exdirector de la obra social) tenían la autorización de Maqueda”, advirtió Marchi.

Los tres jueces de la Corte negaron las afirmaciones de Marchi. En una nota que envió ayer a la Comisión de Juicio Político, en la que remitió los cuatro informes de auditoría realizados sobre la obra social, enfatizaron que la Corte “nunca designó a uno de sus miembros como supervisor de la obra social”. Asimismo, aclararon que el máximo tribunal “no tiene responsabilidades de gestión” sobre el organismo y que sus funciones “se acotan a supervisar a través de la Secretaría General de Administración aspectos puntuales definidos en el Estatuto”.

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda buscaron endilgarle al juez Lorenzetti la responsabilidad, como presidente de la Corte hasta 2018, en los manejos ahora cuestionados de la obra social. “La presidencia de la Corte, previo a ese período, dictó resoluciones vinculadas a la Obra Social que comprendieron aspectos tan variados y heterogéneos como: la designación del Dr. Tonón para desempeñarse en la obra social; la adjudicación del servicio de asistencia médica en 2007 y 2009; la contratación de insumos; la designación de representantes de la obra social en el interior del país; la designación de personal y pago de horas extras; contratación de servicio de custodia, entre otras”.

FUENTE: Diario LaNación