El 25 de septiembre, y de forma unánime, el Concejo Deliberante de Pinamar aprobó la ordenanza y envió al ejecutivo la norma que en su artículo 1 “prohibía la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias que lo soliciten bajo nombre de fantasías (salvo las exceptuadas por la Resolución Nº 0002/04 del Consejo Superior de Colegios de Martilleros y Corridos Públicos de la Provincia de Buenos Aires) y/o en representación de franquicias, licencias o marcas”.

Sin embargo, el 8 de octubre el intendente municipal, Martín Yeza, vetó en forma parcial la iniciativa -en 3 de sus 4 artículos- y propuso un cambio redacción sobre el artículo restante habilitando finalmente la posibilidad de que, inmobiliarias que quieran trabajar con marcas y franquicias de servicios complementarios inmobiliarios nacionales e internacionales.

“La Inspección General de Justicia, que en su momento otorgó la licencia a la sociedad, hoy por hoy ha ordenado la disolución de la misma porque es contrataría a la ley. Ese es un proceso se viene llevando adelante en la Justicia. En la Provincia son muchos los municipios que se han expedido, generando una prohibición para el desarrollo de las mismas en los 135 partidos”, expresó Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense

“El Concejo Deliberante de Pinamar ha sacado una resolución por unanimidad prohibiendo la publicidad de las mismas. Cambia la determinación. Desde 2000 tenemos el carácter de profesionales liberales universitarios. Lo que corresponde no es habilitar. Lo que hizo fue el Concejo fue prohibir la publicidad de la franquicia que se encuentra instalada en Pinamar. De forma bochornosa el intendente ha vetado esta ordenanza. Más allá de que es una facultad de él de poder hacer esto, es un acto que se debe analizar o investigar. No sabemos qué intereses espurios hay detrás”, agregó Donsanto.

El presidente del colegio recordó que en Villa Gesell, “el Concejo se expidió en igual sentido y el Intendente se ha manifestado en igual sentido. Son muchos los municipios que ejercen la prohibición del ejercicio de la franquicia”.

“Vamos a iniciar acciones. Podría llegar a caber un mal desempeño de las funciones públicas. Además del veto no hemos tenido ningún tipo de explicación, nos llamó mucho la atención. Esto es inaudito”, añadió.

Donsanto explicó por qué no puede haber una franquicia: “Nuestra ley es muy clara en ese sentido. Establece que las sociedades solo se pueden establecer entre profesionales matriculado. La franquicia está asociada a terceras personas que no son matriculados. Esto es como ir a una clínica donde me atienden los enfermeros. Son ellos quienes diagnostican y determinan que tengo que ir al quirófano para una intervención. Me opera el médico, pero quien diagnosticó pone los enfermeros. Las franquicias dicen que las operaciones las cierra un profesional matriculado, no tiene nada que ver. El ejercicio lo llevan adelante los agente y de forma irresponsables. La propiedad tiene mucho contenido social. Estas empresas vienen de los Estados Unidos, donde el bien inmueble tiene otro tipo de tratamiento al que se da en los países latinos”.