Tras varios días de cese de actividades en todo el país, el conflicto en el sector de discapacidad sigue sin resolución y con un panorama cada vez más crítico. Prestadores, transportistas e instituciones advierten que la falta de pagos y la ausencia de respuestas oficiales están empujando al sistema a una situación límite.

Desde las organizaciones que nuclean a trabajadores del área aseguran que la cadena de pagos está prácticamente paralizada. Apuntan principalmente a organismos nacionales como PAMI e Incluir Salud, que arrastran deudas que, según el distrito, se remontan a septiembre u octubre del año pasado. En ese contexto, sostienen que resulta imposible sostener la prestación de servicios.

El problema no se limita solo al atraso en los pagos. Los valores del nomenclador —es decir, lo que el Estado reconoce por cada prestación— también quedaron desactualizados frente a los costos actuales. “Es una combinación insostenible”, resumen desde el sector, donde advierten que cada vez más prestadores abandonan la actividad.

El impacto ya se siente en toda la red de atención. Transportistas, profesionales y centros especializados comienzan a reducir servicios o directamente cerrar. Esto, alertan, termina afectando de manera directa a las personas con discapacidad, que ven deteriorada su calidad de vida y pierden acceso a tratamientos esenciales.

A la crisis financiera se sumó la tensión en las calles. Durante una de las jornadas de protesta, trabajadores y familiares denunciaron represión cuando intentaban visibilizar el reclamo en Plaza de Mayo. El episodio profundizó el malestar en un sector que se siente ignorado por las autoridades.

Algunas voces dentro del ámbito sostienen que la situación no responde únicamente a desorganización, sino a una decisión política de achicar el sistema. Según plantean, el deterioro progresivo podría derivar en un modelo donde solo accedan a las prestaciones quienes puedan pagarlas de manera privada.

Mientras tanto, instituciones que alojan y asisten a personas con discapacidad enfrentan un escenario desesperante. Sin ingresos regulares, muchas advierten que no podrán sostener el pago de salarios ni los costos básicos de funcionamiento, lo que podría derivar en cierres y en la pérdida de espacios fundamentales de contención.

En paralelo, continúan las gestiones para destrabar el conflicto. Representantes del sector mantienen reuniones con autoridades, aunque reconocen que las ayudas recibidas hasta ahora son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Con el paso de los días, la incertidumbre crece. “Es una cuenta regresiva”, describen desde las asociaciones, que esperan definiciones urgentes para evitar un colapso que, aseguran, tendría consecuencias irreversibles para miles de personas en todo el país.