El asesor presidencial, Santiago Caputo ha sido centro de críticas en las últimas semanas por su influencia en el gobierno, desde el peronismo hasta Mauricio Macri apuntaron contra el «Mago del Kremlin», por las areas controladas por uno de los integrantes del «triángulo de hierro». En este contexto, los diputados socialistas Esteban Paulón y Monica Fein presentaron un proyecto que lleva su nombre. ¿De qué se trata?

Desde la asunción de Javier Milei al Gobierno, la presencia de Santiago Caputo dentro del ejecutivo es cada vez más grande, el asesor presidencial, sin cargo, tiene influencia directa en areas claves como Inteligencia, recaudación, Energía, Comunicación, entre otras secretarías. Incluso en las últimas semanas fue foco de críticas de Mauricio Macri quien aseguró que Milei le cedió «el manejo absoluto del gobierno».

En este contexto donde Caputo cambia funcionarios a merced, los diputados socialistas del bloque de Pichetto, Monica Fein y Esteban Paulón presentaron un proyecto para modificar la Ley de Ética que busca que «todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público» queden obligados a presentar declaración jurada.

Esto refiere a que el miembro del Triangulo de Hierro integrado por Milei y su hermana, además del mencionado asesor, es un agente externo al Gobierno, sin cargos oficial.

«No sabemos si Santiago Caputo es parte del triángulo de hierro o es un fantasma. Es una de las tres personas que toma las decisiones más importantes del Gobierno, acumula presupuesto, nombramientos y estructura. De hecho, un candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en el Senado que no conocía al Presidente porque a él lo había llamado Santiago Caputo. «, expresó Paulón.

Y agregó: «Sin embargo, si uno ve la nómina del funcionariado, Caputo no existe. Eso es grave para la democracia, para la transparencia y para el control que los ciudadanos y las instituciones debemos hacer del accionar de los funcionarios. «

El proyecto prevé que los asesores presidenciales tengan que cumplir «con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación».