Los ex represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. El próximo 4 de septiembre se darán los fundamentos de la sentencia. El tucumano fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó hoy a los ex represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse en 1976, a prisión perpetua.
El fallo se dio a conocer en medio de manifestaciones bussistas que se reunieron en la calle y en la sala de audiencias para reivindicar a los militares.
En la calle había militantes de Fuerza Republicana con carteles en apoyo a Bussi, mientras en la sala los manifestantes bussistas levantan fotos de muertos por la subversión, como los militares Argentino del Valle Larrabure y Humberto Viola, asesinado junto a su hija y civiles en actos insurgentes.
Paralelamente, organizaciones de izquierda y derechos humanos también se reunían a la salida del tribunal para escuchar la sentencia.
Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi emitirán el próximo 4 de septiembre los fundamentos de la sentencia.
El fiscal Alfredo Terraf había pedido el traslado de los ex represores a la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, el mismo lugar donde estuvo detenido Vargas Aignasse.
A ambos se los acusó de ser coautores "penalmente responsables de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad agravada, homicidio calificado, genocidio, condiciones tortuosas de detención y tormentos".
Por su parte, la defensa de Bussi había asegurado que no hubo vínculos entre su defendido y el secuestro del ex senador Vargas Aignasse, y por ese motivo pidió su absolución.
Además, habían reclamado que en caso de ser condenado, se mantuviera a su cliente bajo prisión domiciliaria, e invocaron a la Constitución para fundamentar su solicitud.
ÚLTIMAS PALABRAS
Antes de la sentencia Bussi tuvo lugar para expresar sus últimas palabras antes del dictamen en el juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
El tucumano, quien polemizó con el fiscal que había pedido reclusión perpetua en su contra, adelantó que guardaba sus "fuerzas" para exponer ante los jueces.
"Estamos cerrando el último capítulo de la historia tucumana de la década del 70", dijo y consideró que el fallo "cualquiera sea su sentido", signará "un antes y un después de la historia política tucumana".
En cuanto al fiscal, le adjudicó "falsas incriminaciones, sin fundamento jurídico alguno", y un "pretendido vedettismo publicitario". Mencionó que "los delitos más atroces" que le imputan son "producto de una venganza largamente maquinada, incompatible con su papel de fiscal".
El ex militar recordó a los votantes tucumanos que lo pedían en su cargo y añadió: "El coraje se demuestra combatiendo y no como insulta usted a mí y a mis hijos en defensa de las causas injustas. Siempre nos hemos batido en minoría".
Bussi se pronunció contra los que llamó "bandas de delincuentes subversivos terroristas, que mantenían fuerte presencia en el monte y en ciudades". También calificó a "bandas reforzadas por la presencia encubierta de Montoneros que a partir de 1976 pasó a la lucha abierta y de superficie".
Se refirió al "fusilamiento de la familia del capitán Viola a pocos metros del actual domicilio del Fiscal" como "una carta de presenciación de sus hostilidades contra la población y las instituciones, como lo hiciera Montoneros con el secuestro y asesinato de Aramburu".
Respecto al caso por el que se lo juzga, expresó que “ la orden impartida y cumplida de carácter insoslayable fue la liberación del detenido” y que "su detención debía durar sólo unos días", de modo que "la medida no tenía en su letra ni en su espíritu la mortificación o eliminación del arrestado”.
Dijo que no había habido signos de tortura alguno en la cárcel de Villa Urquiza y que tampoco la esposa de Vargas Aignasse realizó denuncia alguna al respecto”, expresó Bussi, quien debió pedir la asistencia de un respirador artificial. “El presente juicio no puede ser tratado fuera del contexto de la guerra contra la subversión y bajo el estado de sitio”, se defendió.
