La presidenta Cristina Fernández emitió el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) desde que asumió el 10 de diciembre de 2007 y, con el acto, quebró su negativa a inclinarse por la herramienta que su antecesor, Néstor Kirchner, había llevado hasta niveles inéditos. Como consecuencia, la oposición criticó el uso del decreto, que servirá como es habitual en la gestión K, para ampliar la aplicación de gastos de 2008.

Justamente esa es la mecánica a la que acostumbra el oficialismo y que repetirá el año próximo: se subestiman números del Presupuesto, y luego, con los ingresos mayores, se decide el destino del dinero sin control parlamentario.

Como se recordará, en la conferencia de prensa que Cristina Fernández ofreció el 2 de agosto, el mismo día y a la misma hora en que se inauguraba la Exposición Rural, la mandataria se quejó públicamente de que no se hubiera reconocido su "mérito" por no haber apelado a los decretos de necesidad y urgencia. "Esta Presidenta nunca firmó un DNU y eso es un aporte a la calidad institucional", señaló

"Es una claudicación institucional de la Presidenta, porque ella se había propuesto no firmar DNU, salvo en circunstancias excepcionales, como dice la Constitución", afirmó a DyN Ernesto Sanz, titular del bloque de senadores de la UCR, recordando justamente la conferencia de prensa de Olivos.

La senadora Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, advirtió que resultaba "extraño que firme un DNU porque la Presidenta había dicho que no lo iba a hacer, y porque muestra la tendencia que ya tenía su marido, el ex presidente, que era pasar por encima del Congreso, manejando discrecionalmente los recursos superavitarios, que fueron desde el 2004 hasta ahora 54.000 millones de pesos de los recursos ingresados vía los decretos de necesidad y urgencia". De todas formas, la Presidenta debe recorrer todavía un largo camino para alcanzar el récord de 249 DNU dictados por su antecesor, Néstor Kirchner.

Además de cuestionar su uso, Sanz apuntó contra el objetivo buscado por la decisión del Poder Ejecutivo: "el propósito de este DNU no es una cuestión excepcional de necesidad y urgencia; tranquilamente se podría haber enviado un proyecto de ley para incorporar el excedente de recaudación al presupuesto por ley", opinó.

La decisión de extender la previsión de gastos presupuestarios había sido tomada con anterioridad, pero el anuncio se demoró frente a la discusión que atravesó la Casa Rosada acerca de la conveniencia de girar la discusión al Congreso o resolverlo por decreto. Con un oficialismo parlamentario debilitado tras el conflicto del campo, la presidenta optó finalmente por tomar el camino del DNU y quebrar la racha. Los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados en 1994 al texto constitucional pero su uso se restringe a condiciones de excepcionalidad.

"Me parece que cuando se trata de hablar de la asignación de 38 mil millones de pesos que en realidad se utiliza para pagar más deudas externa, para aumentar los subsidios para transporte y energía o poner en marcha el Tren bala, desaparece la calidad institucional y se evita el debate parlamentario", criticó el diputado de la CTA, Claudio Lozano.

En diálogo con DyN, el legislador consideró que la decisión revela que "es un tema demasiado importante" y exhibe "las dificultades que tiene el propio oficialismo para construir su consenso parlamentario". "Si no tuvieran debates internos no habría inconvenientes para mandarlo al parlamento", agregó. Lozano advirtió también que "esta ampliación se coloca al Banco Nación como financista del Tesoro, cuestión que está prohibido por la carta orgánica del Banco Nación y que elude por vía del decreto".