El Gobierno nacional oficializó una profunda reconfiguración del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma redefinió el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado y concentró poder operativo, presupuestario y político en un esquema con escaso control público. La SIDE quedó ratificada como autoridad rectora y pasó a comandar un entramado de organismos con autonomía formal y dependencia política directa.

La reforma otorgó a la estructura de inteligencia facultades para aprehender personas en casos de flagrancia, una atribución que hasta ahora permaneció fuera de su órbita. El texto indicó que los agentes podrán actuar ante situaciones inmediatas y dar aviso posterior a las fuerzas de seguridad. El punto encendió alertas en sectores de la oposición, que cuestionaron la expansión de funciones policiales en organismos diseñados para tareas de información.

El decreto sostuvo que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto”, bajo el argumento de reducir el “Riesgo Estratégico Nacional”. Esa definición generalizada reforzó el secretismo y limitó las posibilidades de control democrático, en un contexto donde el Ejecutivo concentró decisiones clave sin discusión legislativa previa.

La nueva arquitectura incluyó la creación del Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia. También incorporó una Inspectoría General. Aunque cada dependencia contó con autonomía técnica, todas respondieron a la conducción de la SIDE, que aprobó y supervisó los presupuestos, incluidos los gastos reservados.

El Gobierno amplió además el alcance de la contrainteligencia. La ex Agencia de Seguridad Nacional pasó a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia y asumió la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”. La definición incorporó medidas obligatorias en todo el sector público, una cláusula que generó preocupación por su amplitud y falta de precisiones.

En materia digital, la administración libertaria separó ciberseguridad de ciberinteligencia. Anunció la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la Jefatura de Gabinete, mientras la SIDE retuvo el análisis de amenazas en el ciberespacio. La superposición de estructuras y la centralización política marcaron el diseño, según señalaron especialistas.

El decreto habilitó a la SIDE a requerir información a todo el sector público, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, sin establecer límites claros. También creó dos ámbitos de intercambio: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integró fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF, y la Comunidad Informativa Nacional, con organismos civiles que aportaron datos estratégicos.

En el área militar, la norma disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y trasladó sus funciones al Estado Mayor Conjunto. El Ejecutivo justificó la medida para evitar superposiciones, aunque concentró aún más la producción de inteligencia estratégica.

El Gobierno reiteró la prohibición de realizar espionaje por razones políticas, ideológicas o religiosas. Sin embargo, la ampliación de facultades y el blindaje del secreto contrastaron con esa promesa. Las designaciones de los directores, con rango de secretario, quedaron sujetas solo a notificación a la Comisión Bicameral del Congreso.

La reforma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. El decreto quedó ahora bajo revisión parlamentaria. El Ejecutivo avanzó con un esquema de inteligencia más poderoso y menos transparente, en una decisión que profundizó la tensión entre seguridad, control democrático y derechos individuales.