El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, vuelve a ser noticia tras priorizar gastos en catering y adquisiciones de lujo, mientras sectores vulnerables sufren la falta de alimentos en comedores y merenderos. A raíz de esta situación, un amparo colectivo está a punto de obtener sentencia, impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en representación de las organizaciones afectadas. El fiscal Fabián Canda sostuvo que el ministerio «no ha dado cumplimiento cabal» a la medida cautelar dictada en julio por el juez Walter Lara Correa, quien ordenó a la cartera de Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de quienes dependen de estos espacios comunitarios.

A pesar de los recortes en la entrega de alimentos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del ministerio, no ha escatimado en gastos para ciertos lujos. Entre ellos, la compra de una cafetera automática de alta gama por 1.917.000 pesos y la contratación de un catering de 3 millones para un evento el 8 de octubre, que incluía desayuno, almuerzo y coffee break para los funcionarios asistentes.

El discurso y la realidad

En respuesta a la medida cautelar que busca frenar el deterioro en los programas de asistencia alimentaria, Pettovello alegó que estos programas siguen vigentes. Sin embargo, las organizaciones sociales cuestionan esta afirmación y denuncian que el ministerio no está cumpliendo con la distribución de alimentos a todos los comedores que dependen de políticas sociales. Según la propia cartera, este año la ejecución presupuestaria para asistencia alimentaria se ha recortado un 40%.

Detalles de los gastos

El 21 de octubre, el ministerio adquirió una cafetera Philips automática con dispositivo de espuma para leche por casi 2 millones de pesos, compra que fue firmada por Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez, y Fabricio Mariano Piazzi, director patrimonial. La adquisición de esta cafetera se suma a la contratación de Brazzi Catering, el cual suministró alimentos y bebidas para un evento en el que participaron Pettovello y otros funcionarios provinciales, con un costo de 3 millones de pesos.

Mientras se cuestionan estos gastos, organizaciones sociales y el CELS aguardan que la justicia ratifique la obligación del Ministerio de Capital Humano de garantizar el derecho a la alimentación de quienes acuden a comedores y merenderos.