El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió ayer a última hora del día a los presidentes de bloques que integran el cuerpo el borrador de la resolución que permitiría «sesionar de manera online con todas las garantías de seguridad y tecnológicas».

Según informaron fuentes de la Presidencia de Diputados, «ese borrador fue acompañado de un memo explicativo y un video de funcionamiento de la App que se aplicará en una computadora encriptada que tendrá cada diputado».

Desde Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, sostuvieron que mañana estudiarán en detalle la propuesta, «sobre todo en lo referido a las cuestiones de seguridad del sistema y a la eficacia del mismo para usarlo por varias horas». El funcionamiento del Congreso, fue uno de los puntos que la oposición venía reclamando.

Algunas voces advirtieron que para poder introducir la metodología de las sesiones virtuales «haría falta una modificación del reglamento que sí o sí debe ser avalada en una sesión, ya que no es algo que pueda hacer el presidente de la Cámara a través de una resolución».

Voces parlamentarias deslizan que las modificaciones al reglamento se podrían hacer a través de un acuerdo político rubricado por todos los bloques de la Cámara Baja, aunque ese punto se negociará en los próximos días.

En el borrador enviado por Massa a los presidentes de bloques, se detalla que para el caso de las sesiones, los diputados «deberán ingresar a la aplicación desarrollada por el equipo técnico de la Cámara».

En tanto la titular del Senado, Cristina Kirchner, trabaja sobre la hipótesis de que la Corte Suprema no tomará su pedido de certeza (tal como lo sugirió el Procurador Eduardo Casal), y por eso evalúa la posibilidad de realizar una sesión exprés para cambia el reglamento, y de esa manera avanzar sobre las sesiones virtuales.

Desde el entorno de Cristina sostuvieron ante La Noticia Web, que la agenda legislativa avanzará sobre el impuesto a la riqueza, beneficios para pymes, y la eliminación de la actualización por inflación de los balances de las empresas sancionada en 2017, lo que permitiría mejorar la recaudación del Estado.