El escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación sumó un nuevo capítulo y puso en el centro de la escena a Federico Furiase. El actual secretario de Finanzas quedó envuelto en cuestionamientos tras revelarse que habría destinado el préstamo a la compra de una tercera propiedad, algo que no encuadra con las condiciones del programa.
La denuncia tomó fuerza luego de que el periodista Alejandro Bercovich expusiera el caso en televisión. Según detalló, el funcionario utilizó el financiamiento para adquirir una casa valuada en unos 300 mil dólares en el country Los Pilares, en Pilar. La vivienda cuenta con 200 metros cubiertos, un lote amplio y pileta.
El punto más delicado gira en torno al destino del crédito. La línea del Nación permitía acceder a financiamiento para primera o segunda vivienda. Sin embargo, Furiase ya tenía propiedades declaradas, lo que abrió sospechas sobre el uso de los fondos. Bercovich lo planteó con claridad: «Esta línea de crédito habilitaba no solo primeras viviendas sino también segundas viviendas. Hay gente que cree que es ético que un funcionario político se compre una casa en un country si la línea de crédito lo permite. Pero en este caso, Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda».
Ese dato instaló la hipótesis de un uso irregular del crédito, ya que no existe en el Banco Nación una línea personal que permita acceder a montos de ese nivel sin justificar el destino habitacional bajo las condiciones previstas.
El contexto en el que se otorgó el préstamo también generó ruido. Furiase accedió al crédito en agosto de 2025, cuando ocupaba un cargo en el Banco Central. La entidad regula al sistema financiero, incluido el propio Nación. Por ese motivo, surgieron sospechas de un posible conflicto de intereses.
Además, la gestión del crédito coincidió con meses de alta inestabilidad financiera. Entre junio y julio de ese año, el Banco Central avanzó con decisiones que impactaron en tasas e instrumentos financieros. Luego llegó un endurecimiento monetario que elevó el costo de los créditos hipotecarios. El momento en que se aprobó el préstamo quedó bajo la lupa.
Otro elemento que alimentó las críticas fue la capacidad de pago. El funcionario ya contaba con un crédito hipotecario previo, tomado en 2017 en el Banco Ciudad. Esa situación reforzó las dudas sobre cómo logró acceder a un nuevo financiamiento de gran magnitud.
Mientras el caso escaló en el plano político, Javier Milei salió a respaldar a los funcionarios involucrados. El Presidente relativizó la polémica con una serie de argumentos que generaron controversia. «Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿mató gente?», sostuvo. Luego agregó: «Primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerado».
El mandatario insistió en su defensa y continuó: «Vamos al segundo punto: la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios». También aseguró que no se afectó «la propiedad» porque los créditos se otorgaron a tasas de mercado.
Pese a esa defensa, el caso siguió abierto. La sospecha de que un funcionario utilizó un crédito estatal para ampliar su patrimonio personal en un country de alto nivel tensó el discurso oficial contra la “casta” y profundizó el desgaste político.