La Ciudad de Buenos Aires fue la gran ganadora en el reparto de coparticipación, mientras que las provincias opositoras al gobierno de Javier Milei enfrentaron recortes históricos que profundizan las tensiones políticas y económicas.
Por el fallo de la Corte y el traspaso de colectivos, la Ciudad de Buenos Aires fue la única que no perdió recursos coparticipables. En tanto, la pérdida de recursos se acrecentó en las provincias gobernadas por opositores al presidente Javier Milei.
En los primeros once meses del año, las 23 provincias del país recibieron en promedio un 83% menos de transferencias discrecionales que durante el mismo período de 2023, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 17%. Los que más perdieron fueron los gobernadores enfrentados a Milei.
Es que, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara devolver los recursos recortados durante el gobierno de Alberto Fernández, y el adicional recibido por el traspaso de las líneas de colectivos, la Ciudad de Buenos Aires fue la única jurisdicción del país en la que las transferencias no automáticas de recursos por parte del Tesoro nacional crecieron durante los primeros once meses del año. En tanto, en las 23 provincias, la caída real (descontando inflación) promedió el -83% en relación con el mismo período de 2023, mientras que en CABA creció 17%, según un análisis del senador de Corrientes, Martín Barrionuevo, basado en datos oficiales del Gobierno nacional.
LAS MÁS PERJUDICADAS
La provincia que más perdió fue La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela, con una caída del -98% en los primeros 11 meses del año respecto del mismo lapso de 2023; seguida por Formosa (Gildo Insfrán) y La Pampa (Sergio Ziliotto), con -96% cada una. Buenos Aires, pese a estar gobernada por Axel Kicillof, uno de los dirigentes más opositores a Milei, perdió -82%, un punto más que el promedio de las 23 provincias (-83%).
Los que menos perdieron fueron Jujuy (-63%), Santa Cruz y Neuquén (-66% cada una), y Chaco (-74%). Sumando las 24 jurisdicciones del país, la caída de transferencias no automáticas alcanzó el -74% entre enero y noviembre.
Sin embargo, no todos los meses la situación fue homogénea. En lo que va del año, las transferencias no automáticas a CABA crecieron en marzo (83%), octubre (333%) y noviembre (300%), mientras que a Jujuy aumentaron en agosto (13%); a Mendoza en enero (46%) y junio (59%); a Santa Cruz en marzo (13%); a Chubut en enero (3%), febrero (13%) y junio (16%); y a Neuquén en octubre (64%). En el resto de las provincias, todo fue caída, en mayor o menor proporción, pero a la baja.
En septiembre, Ciudad y Nación llegaron a un primer acuerdo en una audiencia ante un secretario designado por la Corte Suprema, que incluyó “el pago del 2,95% de la masa coparticipable que dispuso la Corte Suprema”, según Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño y uno de los aliados de Milei.
LOS RECLAMOS DE LOS GOBERNADORES
Si bien los gobernadores dialoguistas son los que vienen blindando al oficialismo en el Congreso, también perdieron. Por eso, en el último coloquio de IDEA, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) reclamaron la modificación del sistema de coparticipación.
“Entre Ríos le aporta recursos a la Nación a través de la no coparticipación del impuesto al cheque, de una parte del IVA, del impuesto a los combustibles, de varios impuestos a la ANSES. Pero, este año no recibió nada de eso”, se quejó Frigerio. En lo que va del año, la provincia recibió -83% menos de transferencias discrecionales que en 2023. En las automáticas, la caída real fue del -12,3% en los tres primeros trimestres, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Uno de los puntos de mayor conflicto entre los gobernadores y Milei es la deuda de las cajas previsionales. De acuerdo con un análisis de la Fundación Éforo, el superávit financiero de la ANSES -que entre enero y octubre acumuló $5,2 billones- respondió a tres factores: “las transferencias a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación; el veto a la ley de movilidad jubilatoria que proponía mejoras en los haberes de los jubilados; y el ajuste en los criterios de acceso a asignaciones familiares y pensiones no contributivas”.
Más allá de los ítems de ajuste, las provincias necesitan que se revierta la situación de cara a un año electoral. Por eso, pidieron abrir una mesa de diálogo con el Gobierno nacional para negociar modificaciones en el presupuesto 2025, que no prevé recursos adicionales ni el pago de deudas. En la Casa Rosada prefieren negociar mano a mano con cada gobernador y, por ahora, dan por perdida la votación.
