El envío de la reforma política por parte de Javier Milei al Senado abrió un frente de negociación complejo dentro del Congreso, donde el oficialismo no tiene garantizados los votos para avanzar con uno de sus puntos más sensibles: la eliminación de las PASO. En ese escenario, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, analiza alternativas para destrabar el debate, entre ellas volver optativas las primarias o reemplazarlas por internas cerradas en cada partido.

El proyecto ingresó esta semana a la Cámara alta e incorpora medidas que ya generan polémica. Entre ellas, la posibilidad de votar lista completa de una fuerza política en todas las categorías y una versión más amplia de Ficha Limpia, que suma delitos y extiende sus alcances a funcionarios del Poder Ejecutivo.

Además, la iniciativa contempla la opción de adherir candidaturas locales a la Boleta Única de Papel en elecciones simultáneas y promueve un mayor peso del financiamiento privado en las campañas, eliminando los espacios gratuitos en televisión.

La decisión de que el proyecto comenzara su recorrido en el Senado tomó por sorpresa a Bullrich, ya que el texto había sido trabajado principalmente por la diputada libertaria Giselle Castelnuovo. Sin embargo, el cambio de estrategia respondió a la resistencia del PRO en Diputados, donde el partido de Mauricio Macri tiene capacidad para bloquear el quórum.

Tal como venían anticipando distintos sectores, el PRO no acompaña la eliminación de las PASO sin un mecanismo alternativo que permita dirimir candidaturas dentro de una eventual coalición. El expresidente busca preservar margen de maniobra ante un posible acuerdo con La Libertad Avanza, incluso contemplando la posibilidad de internas para definir listas legislativas.

En la UCR también hay reparos frente a la idea de suprimir definitivamente las primarias. El jefe del bloque en el Senado, Eduardo Vischi, impulsa una propuesta para que las PASO sean optativas, una alternativa que Bullrich podría llevar a la Casa Rosada si logra consenso con otros aliados.

La titular del bloque oficialista planea replicar la metodología que utilizó durante el debate de la reforma laboral: negociar previamente con aliados —como la UCR, el PRO y partidos provinciales—, acordar un texto común y recién entonces elevarlo al Ejecutivo. Su postura es evitar discutir proyectos sin viabilidad política.

En ese sentido, Bullrich descarta por ahora coordinar cambios en espejo con Diputados para acelerar la sanción. «Si hay modificaciones, insistiremos con nuestra versión», sostiene cada vez que se le plantea la necesidad de mayor articulación con Martín Menem.

Respecto de las PASO, si no prospera la opción de hacerlas optativas, la dirigente libertaria evalúa como alternativa una interna cerrada por partido, con formato digital. La idea, explican en su entorno, apunta a limitar la participación a afiliados y evitar la injerencia de votantes externos en disputas partidarias.

De todos modos, se trata de una posibilidad que aún no se negoció formalmente. Por ahora, Karina Milei solo habilitó como plan intermedio repetir la suspensión de las primarias, en caso de que no haya acuerdo para eliminarlas definitivamente.

El debate comenzará en las próximas semanas, aunque antes el oficialismo intentará medir apoyos. Para aprobar la reforma se requieren 37 votos en el Senado, y si bien varios partidos provinciales históricamente cuestionaron las PASO, el panorama sigue abierto y condicionado por el escenario electoral de 2027.

Entre los cambios estructurales, el proyecto también propone endurecer los requisitos para la creación y sostenimiento de partidos políticos: se elevará la cantidad de distritos necesarios para obtener reconocimiento y aumentará el piso de votos para conservar la personería.

En materia de financiamiento, el oficialismo plantea avanzar en mayor transparencia, “permitiendo que personas y empresas aporten de manera regulada y trazable”. La intención es que el Estado sostenga el funcionamiento permanente de los partidos, pero reduzca su participación en las campañas, donde pasará a ser clave la capacidad de recaudación privada.

Otro punto que genera rechazo entre aliados es la inclusión de una opción en la Boleta Única para votar lista completa. Esta herramienta había sido descartada el año pasado por presión de partidos provinciales y tampoco convence a la UCR ni al PRO, que temen que limite sus estrategias de competencia interna.

Sin embargo, esa modalidad podría resultar favorable al peronismo, que apuesta a un candidato presidencial con capacidad de arrastre sobre las listas legislativas en todo el país. Este será uno de los ejes más tensos de la negociación, ya que para el oficialismo es un cambio central.

La reforma también retoma el debate por Ficha Limpia, incorporando una versión más estricta que la que fracasó en el Senado el año pasado. La iniciativa prohíbe postularse a cargos electivos a cualquier persona con condena por delito doloso confirmada en segunda instancia.

A diferencia de propuestas anteriores, la restricción no se limita a casos de corrupción y además se extiende al Poder Ejecutivo: quienes estén alcanzados por estas condenas no podrán ser designados como ministros, secretarios ni ocupar cargos jerárquicos en el Estado. Se anticipa así otro frente de discusión que promete ser igual de complejo que el resto de la reforma.