La propaganda política es un clásico, y si bien el acceso de los partidos políticos a los medios en forma gratuita en lapsos electorales no es novedoso, sí lo es la distribución de espacios en medios audiovisuales dispuestos por la normativa que regula las elecciones de cargos nacionales y que se aplicó por primera vez en 2011 (PASO y elección general). Los cargos nacionales son presidente y vice, senadores y diputados. El resto de los cargos (gobernador, legislador provincial, etc.) no es alcanzado por esta normativa a menos que la provincia (o la CABA) adhiera expresamente a ella (en 2011 lo hicieron las provincias de Buenos Aires y La Pampa).

El acceso gratuito a minutos en los medios por parte de las formaciones que compiten por el voto se asienta en el principio de igualdad de oportunidades. Sin acceso al espacio público mediado, la competencia electoral sería violentada por la capacidad patrimonial de los partidos con mayores fondos, que pueden comprar tiempo de propaganda en los medios y obstruir el conocimiento social de los candidatos con pocos recursos.

El hecho de que el acceso a espacios gratuitos en los medios sea más equilibrado nada dice de la efectividad de cada spot, ni del impacto que puede tener en el electorado la saturación de presencia electoral, que alcanza el 10% del tiempo total de programación en los meses de campaña.

Mayor equilibrio, además, no significa igualdad, ya que a partir de un piso común a todos los partidos, la regulación prevé una asignación proporcional del tiempo tomando en consideración el desempeño en las elecciones anteriores. Así, el FpV en provincia de Buenos Aires; el PRO en CABA o el FAP en Santa Fe cuentan con una cantidad mayor de minutos gratuitos que sus adversarios.

La normativa refleja entonces un principio democrático y reconoce el desempeño electoral previo. La doctrina más avanzada en libertad de expresión postula que debe promoverse el debate robusto entre fuerzas políticas como reaseguro deliberativo y plural de la convivencia democrática (ver https://echr.ketse.com/doc/21132.05-en-20081211/view/) y debe garantizarse que las campañas contemplen un acceso justo, equilibrado e imparcial a los recursos para interpelar al electorado.

Sin embargo, el fundamento de fair play de la regulación electoral resulta absolutamente distorsionado por la profusa publicidad oficial que las gestiones nacional, provinciales y municipales realizan antes y durante la campaña electoral. Los fondos públicos utilizados sin control alguno por los gobiernos imponen, crecientemente, una desventaja para todos los que no cuentan con caja estatal para financiar su propaganda partidaria.

La experiencia de 2011 demuestra que la publicidad oficial (cuya lógica de gasto une a Cristina Fernández con Mauricio Macri o José Manuel de la Sota) diluye el efecto buscado con la regulación electoral. Un estudio realizado por el autor de esta nota (ver https://poderciudadano.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/InformeFinalPublicidadOficiaArgentina20111.pdf) comparó la suma de minutos que en medios audiovisuales del Area Metropolitana de Buenos Aires utilizaron en concepto de publicidad oficial y de publicidad electoral gratuita los gobiernos del Frente para la Victoria (Nación y provincia de Buenos Aires) y del PRO (CABA) con los minutos de publicidad electoral gratuita asignados a fuerzas que en el AMBA no disponen de publicidad oficial como el Frente Amplio Progresista, Unión para el Desarrollo Social (Udeso, alianza conformada por la UCR y el sector del peronismo liderado por Francisco de Narváez), el Frente de Izquierda y los Trabajadores y la Coalición Cívica (ver gráfico). La competencia es muy despareja.

Sólo entre mayo y octubre de 2011 el Gobierno nacional superó con publicidad oficial la cantidad de minutos de publicidad gratuita cedidos por el régimen electoral al Frente de Izquierda y los Trabajadores (ver gráfico). Además, mientras que la publicidad electoral gratuita sólo se difunde en los meses de campaña, la pauta oficial solventa la presencia del partido de gobierno todo el año, y no sólo en medios audiovisuales sino también en gráficos, en vía pública y en espectáculos públicos y privados. Por ello, de no regularse la publicidad oficial, las intenciones de la normativa electoral quedan esterilizadas.