La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación tuvo un punto de origen concreto: una modificación normativa que habilitó de forma explícita el acceso de funcionarios y dirigentes políticos a esas líneas de financiamiento. Esa decisión administrativa resultó central para explicar cómo un grupo de altos cargos del Estado logró ingresar a préstamos de montos elevados y condiciones favorables.

En septiembre de 2024, la conducción del banco, encabezada entonces por Daniel Tillard y Darío Wasserman, avanzó sobre la Reglamentación 802, que fija los criterios para el otorgamiento de créditos. En ese marco, se incorporó un agregado en la sección de condiciones generales que amplió el alcance de los beneficiarios.

El cambio no tuvo gran visibilidad en su momento. Sin embargo, el texto incluyó una definición precisa: “Así mismo se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo (…) cargos políticos designados por resolución o electivos”. Con esa frase, el banco dejó por escrito que funcionarios, legisladores y otros dirigentes podían acceder a los préstamos.

Esa incorporación funcionó como un paraguas normativo. Permitió que quienes ocupaban cargos políticos ingresaran al sistema de créditos hipotecarios bajo condiciones similares o incluso más ventajosas que otros solicitantes. En la práctica, esto habilitó operaciones por cifras que, en muchos casos, superaron los 200.000 dólares y alcanzaron valores cercanos a los 340.000.

Dentro del propio Gobierno circularon versiones sobre el origen de esa aclaración. Dos funcionarios señalaron que el agregado respondió a un pedido de los propios interesados. Según esa reconstrucción, la intención fue evitar cuestionamientos futuros. La frase que resumió ese clima interno resultó directa: “después no queden pegados con algo que sin dudas iba a generar ruido e indignación”.

El escenario cambió cuando comenzaron a difundirse los nombres de beneficiarios y los montos adjudicados. La repercusión pública instaló el tema en el centro de la agenda. En ese contexto, el Banco Nación dio marcha atrás con la misma herramienta que había habilitado el acceso.

El 9 de enero de 2026, ya con Wasserman como presidente de la entidad, se firmó una nueva circular que modificó nuevamente la Reglamentación 802. El punto incorporado en 2024 desapareció del texto oficial. La referencia a “cargos políticos designados por resolución o electivos” dejó de figurar.

La decisión buscó desactivar el impacto del escándalo. Un integrante del gabinete describió el movimiento con crudeza: “Intentar escabullirnos yendo al mazo y dar de nuevo”. La frase reflejó la lectura interna sobre el intento de corregir el costo político.

Más allá de la legalidad de las operaciones, el episodio dejó expuesto un mecanismo claro. La inclusión explícita de funcionarios dentro de la normativa funcionó como llave de acceso a los créditos. Luego, ante la reacción social, esa misma llave se eliminó.

El debate también alcanzó al presidente Javier Milei, que defendió la situación en términos legales. “Nosotros hemos definido nuestros valores morales y estos (los créditos) no tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad”, afirmó.

Mientras tanto, dentro del propio oficialismo surgieron dudas sobre la capacidad de pago de algunos beneficiarios. Un funcionario de Economía expresó su desconcierto con ironía: “Mirá, acá nadie gana más de 10 palos, por lo menos por recibo. Cómo hacen para vivir en countries, tener varios vehículos y afrontar la cuota del préstamo que sacaron en Nación y que puede llegar a 4 millones de pesos mensuales, no tengo la menor idea. O sí tengo idea…”.

El caso dejó una conclusión concreta: una modificación puntual en la letra de una reglamentación resultó suficiente para habilitar el acceso de funcionarios a créditos millonarios. La posterior eliminación de ese mismo punto no borró el efecto inicial ni el impacto político que generó.