En una medida que apunta a fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad en todo el país, el gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.

La semana pasada, el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que había suspendido. De todos modos, Infobae pudo saber que no se volverán a otorgar los beneficios a las personas presas.

El aumento de nomenclador fue resuelto después de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron desde ANDIS y el Ministerio de Salud, que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema.

El nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiados se incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.

El incremento se estableció después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo sobre la oposición. Y llega con demora. El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso provocó corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en el pago de prestaciones.

Por esa razón, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad, junto a otras agrupaciones, marcharon frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un incremento en el nomenclador y que el gobierno de Javier Milei “cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector”.

La ley impone un aumento del 70% en vez del 35% concedido por las autoridades nacionales.