La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este domingo que el próximo viernes realizará una «Jornada Nacional de Lucha» cuyas características y modalidades serán definidas por cada distrito, como protesta por las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei y varias administraciones provinciales.

«No garantizan el pago del aguinaldo, anuncian cancelación de salarios en cuotas, se suspenden paritarias y se congela la planta de personal, entre otras medidas», dijo ATE en un comunicado.

Explicó que esta decisión es parte del «plan de acción definido en la reunión que el Consejo Directivo Nacional mantuvo con todas las provincias el jueves 14 de diciembre», donde «se otorgó el mandato a la conducción nacional, encabezada por el secretario general, Rodolfo Aguiar, para determinar la medida de fuerza».

«Es el Gobierno el que empieza a afectar la paz social con sus políticas. Las medidas económicas están agravando las condiciones de vida de todos los trabajadores, jubilados y sectores populares. El potente ajuste regresivo que se anunció a nivel nacional se dispara rápidamente a las provincias», advirtió Aguiar.

«También -añadió ATE- se suma la preocupación por las definiciones que adoptaron distintas provincias en las últimas horas. Claudio Poggi, gobernador de San Luis, ya anunció el pago en cuotas de los salarios de diciembre y enero, medida que también evalúan adoptar su pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el aguinaldo en este último caso, entre otros. A su vez, algunas gobernaciones dejaron trascender la posibilidad de emitir cuasimonedas».

El gremio estatal añadió que «no está garantizado el pago de los aguinaldos en la mayoría de las provincias y municipios». Y alertó que «la situación no da para más», por lo que «hemos resuelto una medida de fuerza nacional y cada distrito definirá la modalidad de protesta y lo anunciaremos próximamente».

Sobre el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Aguiar sostuvo que «frente a semejante avance sobre nuestros derechos e intentos de represión y criminalización de la protesta por parte del Gobierno, necesitamos empezar a ejercer plenamente nuestros derechos de huelga y movilización».

«La remarcación generalizada e indiscriminada de todos los precios de la economía en la previa de la asunción del nuevo Gobierno, y luego la devaluación de más del 118 por ciento han terminado de aniquilar los ingresos de los trabajadores del sector público y también de los jubilados. Nadie puede acusarnos de no haber agotado todas las instancias», aseveró.

«El Gobierno lleva tan sólo siete días, pero el daño que ya ocasionó agravando las condiciones de vida de toda la gente tardará años en poder repararse», dijo, y expresó: «Al shock de ajuste le tenemos que empezar a responder con la progresividad de las protestas».