El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, designado por Javier Milei, se encuentra en el centro de una controversia tras ascender a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia apenas siete días después de asumir su puesto. Este ascenso incluyó una considerable mejora salarial, con ingresos que superarían los 7 millones de pesos anuales.

El nombramiento de Fanelli, oficializado mediante la Disposición 182/2024, la ubicó al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las áreas más importantes de la DGI por su responsabilidad en la fiscalización de medianas y grandes empresas. Según fuentes del organismo, el ascenso implicó el desplazamiento del titular anterior, Luciano Botto Rostom, quien fue enviado a la Regional de Mercedes, generando una cadena de reemplazos en otros puestos clave.

El procedimiento generó críticas no solo por la relación personal entre Vázquez y Fanelli, sino también porque esta última saltó varios rangos intermedios para acceder al cargo.

El mes pasado, Vázquez fue denunciado por la adquisición de bienes no declarados en el exterior. Según investigaciones periodísticas realizadas por La Nación, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Vázquez habría comprado tres departamentos en Miami por un valor cercano a los 2 millones de dólares en 2013. Al momento de asumir su puesto en la DGI, aún poseía dos de esos inmuebles, valuados en más de 1,6 millones de dólares, sin incluirlos en sus declaraciones juradas obligatorias.

En 2022, Vázquez también enfrentó una investigación penal por cuentas bancarias no declaradas en Curazao y Luxemburgo, con fondos cercanos al medio millón de dólares. Aunque fue sobreseído por el juez federal Ariel Lijo debido a la falta de respuesta de los paraísos fiscales involucrados, el caso continúa generando sospechas.

El ascenso de Fanelli, junto con el historial de irregularidades de Vázquez, plantea serias dudas sobre los criterios de transparencia y ética en las designaciones del actual gobierno. A su vez, esta polémica se suma a otras denuncias que afectan al gabinete de Milei, alimentando el debate sobre las prácticas de gestión en los más altos niveles del Estado.

El hecho de que el ascenso haya sido firmado exclusivamente por Vázquez, sin la intervención de otros funcionarios clave, como el jefe de Gabinete o la titular de la AFIP, agrega otro elemento de controversia a este caso, que podría tener repercusiones judiciales y políticas en los próximos meses.