El Gobierno nacional buscó recuperar centralidad política en un contexto de denuncias que golpearon al oficialismo. En ese marco, Manuel Adorni confirmó que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar el esquema vigente desde 2010 y reordenar la respuesta del sistema sanitario.

El anuncio llegó a través de redes sociales y formó parte de una estrategia para instalar nuevos temas en la agenda pública. Desde la Casa Rosada señalaron que la iniciativa surgió del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, y que apuntó a corregir falencias detectadas en la aplicación de la normativa actual.

Fuentes oficiales explicaron que el proyecto buscó “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”. También sostuvieron que “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”. En esa línea, indicaron que la propuesta intentó “clarificar” conceptos y criterios que hoy generan dificultades.

El texto incluyó un relevamiento con aportes de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental. También sumó opiniones del ámbito judicial y legislativo. Ese trabajo permitió identificar problemas en la práctica cotidiana. Entre ellos, destacaron que solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron a la ley vigente y que apenas 18 hospitales generales contaron con servicios específicos.

Uno de los puntos centrales del proyecto apuntó a redefinir categorías. Desde el Gobierno consideraron que el término “padecimiento mental” resultó “ambiguo” y “demasiado amplio”. Según explicaron, esa definición dificultó diagnósticos y demoró intervenciones. Por ese motivo, la iniciativa propuso adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), con el fin de lograr mayor precisión clínica.

El proyecto también introdujo cambios en los criterios de intervención. En lugar del esquema actual, planteó la noción de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Con esa modificación, el Ejecutivo buscó habilitar “intervenciones más oportunas y preventivas”.

En relación con las internaciones, el Gobierno mantuvo el principio de excepcionalidad, aunque lo definió como un recurso “necesario”. En ese marco, habilitó la posibilidad de internaciones involuntarias indicadas por psiquiatras, con posterior validación de un equipo interdisciplinario. Además, el proyecto propuso extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. También estableció que, en casos voluntarios, si el paciente pidió el alta, el equipo evaluó su capacidad y, si detectó limitaciones, la internación pudo transformarse en involuntaria con aviso a la Justicia.

Otro eje de la iniciativa apuntó a la estructura del sistema. El texto planteó fortalecer la red de atención mediante hospitales especializados, en contraste con la legislación actual, que promovió el cierre de instituciones psiquiátricas. En la actualidad, el país cuenta con 30 establecimientos monovalentes públicos y al menos 139 privados.

Por último, el Gobierno propuso ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión. El esquema incorporó áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.

Con este anuncio, Adorni buscó desplazar el foco de las denuncias y reinstalar la agenda oficial con una reforma sensible, que abre un nuevo frente de debate en el Congreso y en el sistema sanitario.