A las 2:30 de la madrugada de este viernes, el presidente del Senado, Jaime Quintana, anunció de la firma del “Acuerdo por la paz y por una nueva Constitución” alcanzado entre un total de 11 partidos del oficialismo y la oposición en torno al proceso para la creación de una nueva carta fundamental.

La noticia se dio a conocer tras una larga jornada de negociaciones en la sede del Congreso en Santiago, que fue calificada como “una noche histórica” por el parlamentario y, pese a que a eso de las 9 de la noche trascendió que se ya se había llegado a un punto de encuentro, la discusión se alargó por varias horas más.

Según lo detallado por Quintana, el acuerdo determinó que el gobierno de Chile convocará en conjunto con el Congreso Nacional a un “Plebiscito de entrada” en abril de 2020, en el cual se realizarán dos consultas a la ciudadanía.

La primera, con respecto si se está de acuerdo o no con cambiar la carta fundamental vigente e iniciar un procedimiento para elaborar una nueva Constitución.

En segundo lugar, el plebiscito incluye una pregunta para el caso de que se aprobara la idea de una nueva Constitución y apunta al tipo de procedimiento a seguir, y en ella se mencionan dos alternativas: una Convención Constituyente integrada por un 100% de delegados electos para este propósito, y una Convención Mixta Constituyente, conformada por 50% de parlamentarios en ejercicio y 50% de delegados electos.

Además, se estableció que el quórum de funcionamiento para la toma de acuerdos al interior del órgano constituyente será de dos tercios de quienes integren aquella instancia escogida para la redacción, que también fue otro de los puntos polémicos en la discusión, y que incluso marcó la distancia del PC de las conversaciones.

En su intervención, Quintana agradeció “a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días han transmitido un mensaje muy profundo a las instituciones, país, democracia, política. Nos hacemos cargo con una respuesta de la política con mayúscula, con la buena política”, dijo.

“También quiero homenajear a quienes no lo han pasado bien, víctimas de lado y lado, han habido personas muertas, afectadas en sus derechos esenciales“, agregó.

HOJA EN BLANCO

El documento de acuerdo señala que en caso de que haya resultado “Sí” en la primera pregunta, la nueva Constitución se redactará sobre una “hoja en blanco”, es decir, la actual Constitución caducará de ratificarse la propuesta emanada por el órgano constitucional, punto que se convirtió en una de las principales trabas en la discusión.

En tanto, la elección de los delegados constituyentes se realizará en conjunto con las elecciones municipales de noviembre de 2020.

En la misma línea, también se determinó que el órgano constituyente funcionará con el exclusivo fin de proponer un texto constitucional a plebiscitar y luego se disolverá.

Con respecto al plazo de funcionamiento, este se extenderá por nueve meses y será prorrogable por tres meses más.

El acuerdo además establece que la forma de ratificación de la nueva Constitución será a través de una mayoría absoluta mediante un plebiscito con voto obligatorio.

10 NUEVOS PUNTOS

Nuestra nueva constitución tiene que asegurar las cosas que se caen de maduras y que ya son de amplio consenso. Destaco diez importantísimas, porque permitirían enterrar este modelo perverso y garantizar los derechos más sentidos:

1.- El cobre, el litio y la gran minería deben ser nuestros.

2.- El agua, la energía y los recursos naturales estratégicos no pueden ser privados.

3.- El Estado debe ser garante de lo público, debe quedar prohibido constitucionalmente que haga traspasos de cualquier tipo al capital financiero y a los consorcios privados.

4.- El Estado debe ser de todos y garante del respeto de los derechos los pueblos originarios, de todas las minorías étnicas, de todas las orientaciones sexuales.

5.- Sistema estatal y gratuito de educación garantizado constitucionalmente.

6.- Sistema estatal y solidario de salud como obligación y derecho constitucional.

7.- Sistema estatal y solidario de pensiones plasmado como estatuto constitucional.

8.- Administración pública bajo reglas claras y escala de salarios establecidas y garantizadas constitucionalmente.

9.- Sobre toda gestión pública debe ser exigible la rendición pública de cuentas.

10.- Todo cargo público debe ser revocable de una manera razonablemente fácil.