El tramo final de la gestión de Alberto Fernández con la presión del año electoral en el horizonte impondrá al Gobierno un escenario de enormes desafíos. Uno de ellos orbita sobre la urgencia oficial de desacelerar el ritmo de la inflación que culminó 2022 orillando el 100% y con eso evitar repetir la desenfrenada carrera entre precios y salarios que se instaló en los últimos doce meses.

Con ese propósito de fondo, los esfuerzos del ministro de Economía, Sergio Massa, se concentrarán durante el primer trimestre de 2023 en contener la suba de precios en un 4% mensual de manera de habilitar un terreno propicio para avanzar en un entendimiento con empresarios y sindicalistas destinado a anclar las expectativas para el resto del año.

Otra vez la apuesta por un acuerdo de precios y salarios se reedita, pero en un contexto económico de mayor complejidad y una tensión política creciente que alimentan las dudas sobre su viabilidad.

La estrategia no supone una gran novedad y los antecedentes más próximos resultan bastante esquivos para la ambición oficial. En febrero de 2021 el antecesor de Massa, Martín Guzmán, selló con la CGT y las principales cámaras empresarias un pacto para alinear expectativas con la meta de una pauta salarial anual de 29%.

Menos de dos meses después, con la inflación escalando muy por encima de las previsiones del funcionario, las paritarias ya se negociaban con un promedio de aumentos que superaba el 40%.

Guzmán intentó replicar la estrategia en abril último, pero su prédica no logró entusiasmar ni a empresarios ni a sindicalistas. Ya con Massa en Economía, el presidente volvió a la carga con la idea en agosto, pero con el IPC trepando a niveles del 6% mensual la convocatoria quedó archivada a la espera de un escenario más favorable.

Se abrió entonces una dinámica de acortamiento de la negociación salarial que derivó en un proceso de revisiones casi permanentes de los convenios, que buscaron compensar la aceleración inflacionaria.

«En 2022, el 90% de los convenios de elevada cobertura (con más de 30 mil trabajadores) actualizó los salarios al menos una vez cada dos meses», graficó al respecto un reciente informe del Ministerio de Trabajo, a cargo de Kelly Olmos.

El relevamiento destacó que las paritarias tuvieron una rápida reacción ante la suba de precios «modificando su configuración habitual para responder al desafío que presenta un proceso de inflación creciente».

Y apuntó que, en ese marco, se definieron aumentos salariales nominales más elevados en función de la inflación observada, se aplicaron en forma generalizada cláusulas de revisión de los acuerdos y se extendieron los convenios de corto plazo.

El antecedente no es el mejor para los planes de Massa de cara al año que se inicia. Algo de eso le recordaron dirigentes sindicales y empresarios con quienes conversó informalmente su idea en los últimos días.

La estrategia del ministro supone desacelerar el ritmo de la inflación hasta un nivel del 4% en marzo de manera de garantizar las condiciones para un entendimiento en abril que permita fijar una pauta salarial mínimamente por encima de la suba de precios.

El esquema supondría que aquellos gremios que cerraron aumentos salariales por debajo de la inflación anualizada puedan recuperar esa diferencia (estimada entre 9% y 12%) en el primer trimestre de 2023, previo a avanzar en el acuerdo.

Inquietud entre sindicalistas y empresarios

Solo con esas dos condiciones aseguradas los gremios más poderosos de la central obrera, y que suelen ser referencia clave para ordenar las características de la negociación salarial, estarían dispuestos a avanzar hacia algún entendimiento destinado a anclar expectativas.

«Si no hay contención de los precios no hay discusión posible. Se pueden dar las condiciones solo si hay una reducción sustantiva de la inflación porque nadie va a rifar el convenio colectivo», advirtió un importante jefe sindical sobre el plan oficial.

Otro gremialista avanzó sobre el mismo argumento: «Solo si se logra una baja de la inflación al 4% o un poco menos en marzo podemos plantearnos un aporte, pero siempre que esté asegurada la revisión que garantice que los salarios se van recuperando, de lo contrario es imposible».

La idea ya es analizada por varios sindicatos y entre la primera línea de la CGT imaginan un encuentro hacia fines de enero para evaluar con más elementos sus posibilidades concretas.

Las dudas también son marcadas en el sector empresario, la otra pata de un eventual acuerdo. «Por ahora todo es futurología», ironizó un hombre de negocios al respecto. La contención de la inflación es solo una de las inquietudes que señalan sobre el escenario económico del nuevo año.

La evolución de las reservas del Banco Central, el futuro del mercado cambiario, la situación de las tarifas de servicios públicos, la incertidumbre sobre las restricciones a las importaciones gana terrero entre sus preocupaciones.

A eso se suman las complicaciones derivadas del terreno político: las dificultades que supone la profundidad de la interna puertas adentro del oficialismo, la capacidad de Massa para surfear esa disputa y avanzar con sus planes, y la propia dinámica que impone la carrera electoral.

La definición del primer convenio paritario de 2023 ratifica el esquema consagrado el año pasado. El gremio de aceiteros acordó un incremento salarial de 41% solo para el primer semestre del año, un ejemplo que se contrapone con las condiciones planteadas para un pacto de precios y salarios.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, minimizan que se trate de un modelo a seguir, recalan en la especificidad de esa actividad y rechazan que constituya una referencia para el resto de los gremios.

El sector bancario es la otra actividad que discutirá salarios en el primer mes del año. Allí la apuesta oficial es la de articular un aumento puente solo para el primer trimestre para empezar a apalancar su estrategia de anclar expectativas a partir de abril. Será decisiva entonces la posición de Sergio Palazzo, el referente sindical más cercano a Cristina Kirchner.

Fuente: Clarín