El Gobierno Nacional asumió hace poco más de dos años con varios compromisos. Algunos de ellos tuvieron más relevancia en su campaña que otros: mejorar la situación de los jubilados, facilitar el acceso de las mayorías a los alimentos saludables, reconocer la importancia de la movilización cuando alguna de sus promesas no fuesen cumplidas.

A poco de ser electo también desistió del envío, por parte del FMI, de la última cuota del crédito solicitado por Mauricio Macri alegando la insensatez de los acuerdos realizados por éste.

Llegó la pandemia, y varias organizaciones sociales tuvimos que movilizarnos decenas de veces reclamando asistencia. Incluso en ese contexto sanitario, de angustia e incertidumbre, solo nos escuchaban cuando nos manifestábamos. Ya en esos tristes días planteábamos de forma reiterada que la salida debía ser sin ajuste. Que no se tenía que dejar de pagar el IFE, que había que asistir al sector productivo más dinámico en la creación de puestos de trabajo genuino. Era la oportunidad de que el Estado participe en empresas testigo en sectores clave de la economía, como el alimenticio.

Mientras tanto, los desembolsos al FMI no dejaban de hacerse: durante el 2021 se pagaron capital e intereses de esa estafa al pueblo argentino. Comenzaba a tejerse un pacto basado en reconocer una deuda fraudulenta, y en aceptar el cogobierno económico impuesto por el organismo internacional. Los grandes discursos, “los últimos serán los primeros”, se diluyeron frente a la realidad cotidiana, esa que nos cachetea cuando vemos más personas durmiendo en las calles, y vecinos pidiendo ayuda en cada espacio comunitario.

Los relatos caen cuando la promesa de acceder a un trabajo «en serio» queda tan lejana. «Pasarán del Potenciar Trabajo (PT) a tener un empleo registrado», sentencian los funcionarios. ¿Los datos que respalden esta afirmación? Aún no los encontramos. Hay 1.200.000 personas en el PT (cobran 16.000 pesos por mes) actualmente, y otras 1.600.000 (registradas por el propio ministerio) en condiciones de ingresar por sus condiciones económicas. Solo encontramos una explicación a la negativa de avanzar en extender la cobertura del Programa: deben afinar las cuentas, porque lo hecho hasta ahora no alcanza.

Ante esto, reafirmamos que al FMI no hay que pagarle. No con nuestro sacrificio.

 

En marzo de 2021 el Banco Central elevó a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN -Sindicatura General de la Nación- la documentación vinculada al préstamo y pidió una auditoría específica para determinar los perjuicios y la responsabilidad de los funcionarios. Debe profundizarse esa investigación, y mientras tanto suspender los pagos.

Las presiones son fuertes y nuestro futuro está en juego. Convocar al debate, difundir la información documentada, fortalecer la organización de la comunidad, consultar a la población: ése debería ser el camino.

Quienes afirmamos querer la felicidad de nuestro pueblo no podemos permitirnos convalidar esta estafa. Nos seguiremos movilizando, denunciando, difundiendo las graves consecuencias que traerá convalidar este préstamo. Por eso también, del 3 al 6 de marzo realizamos en todo el país una Consulta Popular, buscando 1 millón de votos contra el FMI.

Convocamos a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, para que el mensaje hacia los legisladores sea contundente. Porque las estafas no se pagan. Confiamos en la participación y la organización popular, y en que más temprano que tarde lograremos construir una Patria Justa, Libre y Soberana.

Silvia Saravia. Coordinadora Nacional Movimientos Barrios De Pie – Libres Del Sur.